La crisis económica golpea con dureza a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. Con niveles de morosidad que en casos extremos alcanzan el 40%, desfasajes financieros acumulados frente a la inflación y paritarias docentes que no logran compensarse, el sector advierte sobre situaciones límite que obligan a achicar estructuras o, en el peor de los casos, ponen en riesgo la continuidad de las instituciones.

La realidad de la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de extrema complejidad financiera. Aunque el Gobierno provincial autorizó recientemente un incremento del 2,5% en los aranceles para el mes de septiembre —que se suma al 5,5% otorgado para este mes—, las instituciones aseguran que estas actualizaciones resultan insuficientes para detener un desfasaje económico que se viene arrastrando desde el inicio del ciclo lectivo.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República de Argentina (AIEPA), advirtió que los colegios privados continúan “corriendo de atrás” a la inflación y a las paritarias docentes. El núcleo del reclamo actual no se limita a los índices mensuales de precios, sino a un arrastre financiero no recuperado: los aumentos salariales otorgados en la paritaria de enero, de carácter retroactivo a diciembre, sumados al pago del aguinaldo que debió afrontarse en febrero y marzo.

Al no haber podido trasladar oportunamente estos costos a las cuotas de las escuelas con aporte estatal, los establecimientos experimentan un desequilibrio de caja que hoy compromete su normal funcionamiento.

Uno de los indicadores más alarmantes y que introduce mayor inestabilidad en la planificación de las escuelas es el comportamiento del cobro de las cuotas. Un relevamiento realizado por la asociación de institutos registró que, si bien existe un promedio general de morosidad del 11%, la situación interna del sector es sumamente dispar. Mientras algunos establecimientos registran niveles nulos o muy bajos (del 0% al 2%), en el extremo opuesto existen colegios donde la morosidad trepa de forma alarmante hasta el 40%.

Desde la entidad destacan que el fenómeno no responde a una falta de voluntad de las familias, quienes eligen y valoran sostener el proyecto pedagógico privado haciendo enormes sacrificios económicos. Sin embargo, la dureza de la crisis obliga a las familias a tomar decisiones drásticas en su economía doméstica: ante la imposibilidad de afrontar todos los gastos, se priorizan los servicios básicos como la luz bajo el riesgo de corte, postergando la cuota escolar debido a que las instituciones mantienen abiertas sus puertas para resguardar la escolaridad de los menores.

El desequilibrio entre los ingresos reales percibidos y las obligaciones fijas está empujando a decenas de escuelas a una situación de vulnerabilidad inédita. Para cumplir con el pago de salarios docentes, alquileres de los edificios y servicios esenciales, numerosos directivos se ven forzados a recurrir a esfuerzos personales extremos, solicitar préstamos bancarios o acumular deudas previsionales con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Quienes se ven obligados a ajustar su presupuesto escolar suelen optar por cambiar a sus hijos a colegios con un mayor porcentaje de aporte o subvención estatal —lo que permite cuotas más accesibles— antes que abandonar el sistema privado.