Un gravísimo caso de presuntas torturas, abusos sexuales y vejaciones dentro de una cárcel bonaerense derivó en la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los hechos denunciados habrían ocurrido entre el 3 y el 5 de junio en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena y tuvieron como víctimas a cuatro internas.

Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, en coordinación con la fiscalía interviniente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el propio Servicio Penitenciario Bonaerense. Fuentes judiciales destacaron, además, la colaboración prestada por los organismos penitenciarios durante la investigación.

Entre los detenidos hay siete hombres y ocho mujeres. La nómina incluye a responsables de distintas áreas de la unidad, entre ellos la jefa y subjefa de Vigilancia y Tratamiento, la coordinadora del Régimen Abierto, la jefa de Requisa, una encargada de turno, una inspectora de Vigilancia, los subdirectores de Seguridad, Régimen e Inclusión, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI) y personal de Sanidad.

Según la investigación judicial, todo comenzó después de una confrontación entre internas alojadas en la planta alta. Sin embargo, los investigadores sostienen que la respuesta del personal penitenciario excedió los protocolos de contención y derivó en una serie de graves agresiones contra cuatro mujeres.

De acuerdo con la acusación, agentes masculinos y femeninos ingresaron a una celda y arrojaron gas lacrimógeno a corta distancia en reiteradas oportunidades. Las internas fueron obligadas a permanecer en ropa interior frente a personal masculino y luego cuatro de ellas fueron retiradas una por una y trasladadas a distintos sectores de la planta baja.

La investigación describe golpes con puños y patadas, utilización de esposas y de la culata de una escopeta, maniobras de inmovilización y asfixia, además de la utilización de colchones impregnados con gas lacrimógeno.

Uno de los episodios más graves señalados en el expediente fue la aplicación de una maniobra conocida como “submarino húmedo”, mediante la cual una de las víctimas habría sido sometida a asfixia por sumersión en al menos diez oportunidades.

A esto se sumó, siempre según la acusación, el vertido de agua fría sobre las mujeres después de haberlas expuesto al gas lacrimógeno, una práctica que los investigadores consideraron destinada a potenciar los efectos del agente químico y aumentar el sufrimiento físico y psíquico.

Las internas también habrían permanecido durante más de 12 horas sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios. En ese contexto, una de ellas sufrió una micción involuntaria sobre su propia ropa. Según el expediente, incluso se habría colocado una media en la boca de una de las víctimas para impedirle pedir auxilio.

La investigación también incorpora acusaciones de extrema gravedad por violencia y abuso sexual. Las víctimas habrían sido sometidas a desnudez forzada frente a personal masculino y a distintas agresiones de carácter sexual.