El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo de fiscalización en el barrio de Balvanera que culminó con la clausura de diez locales comerciales y una galería en la zona de Once. Los procedimientos, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad, se concentraron en las avenidas Corrientes y Pueyrredón, así como en las calles Junín y Azcuénaga, un sector catalogado como de "Alta criticidad" por la concentración de comercios dedicados a la compraventa y reparación de telefonía móvil.

Durante las inspecciones se secuestraron 75 teléfonos celulares, repuestos, módulos y herramientas de soldadura. Varios de los aparatos recuperados contaban con denuncias activas por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En el marco de los operativos en la galería "La Recova", la Justicia dispuso la imputación del encargado de un establecimiento y de una clienta que se presentó a reparar un dispositivo con pedido de secuestro, evidenciando el circuito de reventa ilegal de equipos en el sector.

Las actuaciones se desarrollaron en aplicación del Decreto 295/26 dictado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el cual declaró por 90 días la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en el ámbito porteño. La normativa establece la suspensión preventiva de nuevas habilitaciones y transferencias de rubro en áreas de alta incidencia delictiva, al tiempo que exige a los comercios acreditar el origen legítimo del stock y los repuestos mediante un nuevo registro de trazabilidad.

El plan de control abarca cuatro zonas iniciales de intervención prioritaria: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers y Chacarita-Villa Crespo. Desde el Ejecutivo porteño señalaron que estas medidas extraordinarias forman parte del esquema integral de ordenamiento del espacio público y combate al delito, sumándose a los operativos de saturación territorial y al desalojo de la ocupación ilegal de la vía pública en la Ciudad.