Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra corredores nacionales y avanza hacia su liquidación, dejó sin informar el detalle de gastos, cajas chicas, adelantos, reintegros, viáticos y rendiciones solicitado mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, al argumentar que redujo casi a la mitad su personal y que la estructura restante está concentrada en el traspaso de las rutas.

La compañía sostuvo en una respuesta oficial que atraviesa una situación operativa que le impide realizar el relevamiento y desglose de toda la documentación reclamada, mientras se acelera el proceso para entregar los corredores a los nuevos concesionarios privados.

“La dotación de personal de esta empresa sufrió una reducción de casi la mitad de sus agentes”, afirmó Corredores Viales, que agregó que la totalidad del personal administrativo y técnico que permanece en funciones se encuentra “exclusivamente abocado” al traspaso de trazas, la confección de inventarios y las rendiciones finales.

El pedido de información buscaba conocer cómo fueron utilizados distintos mecanismos de gasto de la compañía desde el 10 de diciembre de 2023, incluyendo tarjetas corporativas, fondos fijos o rotatorios, cajas chicas, adelantos, viáticos, reintegros y la documentación respaldatoria correspondiente.

En cambio, explicó que la “enorme amplitud temporal y material” de la documentación, sumada a la reducción de la estructura y al proceso de liquidación, genera una “imposibilidad fáctica” para destinar personal a revisar los registros sin afectar las tareas vinculadas al traspaso de las rutas.

Corredores Viales aseguró que “la Intervención no ha dispuesto tarjetas corporativas para el uso de las autoridades, síndicos, gerencias, funcionarios ni personal de la empresa” y posteriormente afirmó que esos instrumentos son inexistentes.

Sin embargo, la contestación deja un período sin aclarar: la intervención de Corredores Viales comenzó en abril de 2025, mientras que la información solicitada se remonta a diciembre de 2023.