El tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado expuso marcados cruces políticos que fueron más allá del articulado general. Uno de los puntos de mayor fricción se originó a partir de una impugnación presentada por la senadora Juliana Di Tullio contra su par de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch. La legisladora señaló la existencia de un presunto conflicto de intereses debido a la participación del senador en una firma dedicada a la administración y comercialización de inmuebles rurales, en momentos en que la Cámara Alta discutía la flexibilización para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.
Ante estos cuestionamientos, Benegas Lynch hizo uso de una cuestión de privilegio para rechazar las acusaciones de la oposición. El legislador libertario argumentó que su actividad en el sector agropecuario es de público conocimiento desde hace más de dos décadas y aseguró que no existe un interés directo que le impida debatir o votar la norma.
En el articulado original, la iniciativa contemplaba un límite del 25% para la titularidad de tierras por parte de extranjeros y requería la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para empresas con participación estatal de otros países, capítulo que finalmente fue retirado del texto antes de la votación.
La eliminación de ese apartado generó la reacción del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lamentó públicamente la caída del capítulo destinado a facilitar la venta de campos a inversores internacionales. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que la discusión planteaba una disyuntiva entre "el miedo y la prosperidad".
En paralelo, la sesión suma otro eje de debate cuando legisladores peronistas expusieron la situación diplomática con Brasil. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, respondió a las críticas solicitando formalmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el retorno del embajador a la Argentina y pidiendo separar las diferencias políticas de la relación estratégica entre ambas naciones.
Asimismo, durante la jornada parlamentaria los integrantes del bloque del Partido Justicialista visibilizaron un reclamo por la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur mediante la colocación de un pin distintivo con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" en cada una de sus bancas. Tras ser aprobado en general con 37 votos a favor y 33 en contra, el texto continuó su debate en particular en el recinto antes de ser girado a la Cámara de Diputados para completar el circuito legislativo.