Representantes de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de General Pueyrredon mantuvieron un nuevo encuentro judicial por el futuro del complejo Punta Mogotes sin alcanzar un consenso. Ante la falta de acuerdo, las partes manifestaron su disposición a continuar con las tratativas políticas y técnicas.

El juez Simón Isacch, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, resolvió convocar a una nueva audiencia fijada para el próximo 18 de agosto. Asimismo, el magistrado dispuso extender la suspensión de los plazos procesales para otorgar margen a la negociación formal entre las administraciones.

La audiencia contó con la participación del secretario de Legal, Técnica y de Hacienda municipal, Mauro Martinelli, y de la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez. También estuvieron presentes el fiscal de Estado de la provincia, Hernán Gómez, y el administrador general del complejo, Fernando Maraude.

Durante el desarrollo del encuentro, el juez Isacch evaluó los avances registrados tras el cuarto intermedio dispuesto el pasado 30 de junio. Ambas comitivas reconocieron que aún persisten diferencias operativas y jurídicas para cerrar un entendimiento definitivo sobre la administración del predio costero.

El litigio judicial se originó a partir de una medida cautelar impulsada por la comuna para paralizar el proceso de licitación de los balnearios de Punta Mogotes. A su vez, el municipio entabló una demanda con el propósito de cancelar la deuda exigida por la Administración Punta Mogotes (APM) y lograr la transferencia del espacio a la órbita local. La disputa formal inició en agosto de 2024, cuando la gestión municipal reclamó el control del polo turístico, gestionado desde hace más de cuatro décadas por el ente ente de composición mixta (70% provincial y 30% municipal).

En mayo del corriente año, el Ejecutivo bonaerense ofreció concretar la transferencia de las instalaciones al municipio una vez concluidas las obras de modernización proyectadas en la licitación. No obstante, el gobierno local desestimó el ofrecimiento provincial y recurrió a la vía judicial para frenar los pliegos licitatorios hasta tanto se resuelva el reclamo de fondo.

La audiencia de mediados de agosto marcará una nueva instancia de mediación judicial en busca de definir la titularidad y el esquema de explotación comercial del sector balneario.