El Gobierno nacional intimó a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país. La medida alcanza a los terminales marítimos y fluviales de La Plata y del territorio bonaerense en el marco de un paro por tiempo indeterminado.

La notificación formal de la Prefectura Naval Argentina comprendió a 536 prácticos en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria. Desde la fuerza de seguridad advirtieron que el mantenimiento de la protesta dará lugar a sumarios administrativos y denuncias penales. Las penas contempladas en el Código Penal por entorpecimiento del transporte por agua prevén hasta ocho años de prisión.

La medida de fuerza implementada por los especialistas paralizó el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. El paro de actividades afecta el funcionamiento regular de la Hidrovía y el desarrollo del comercio internacional argentino. La protesta del sector técnico se desencadenó tras la publicación del Decreto 690/2026 promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e introdujo un esquema de reestructuración en el sistema marítimo y fluvial. Las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión de tareas en buques nacionales e internacionales hasta la derogación del decreto.

Entre los aspectos principales, la reforma implementó un registro público de profesionales administrado directamente por la Prefectura Naval Argentina. A su vez, la norma eliminó las restricciones de ingreso a la actividad y otorgó libertad a los usuarios comerciales para seleccionar prestadores.

La regulación facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para fijar techos tarifarios y exigir la publicación de costos. Asimismo, el texto suprimió la segmentación por tramos geográficos, flexibilizó traslados de personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Las modificaciones oficiales generaron el rechazo de las entidades representativas de la actividad.

El impacto económico de la medida motivó la intervención del Ministerio de Economía para restablecer las operaciones operativas de transporte. Los buques de carga permanecen detenidos en ríos, pasos y canales a la espera de la resolución del conflicto gremial y regulatorio. El Ejecutivo nacional mantiene la exigencia de reanudación del servicio bajo los apercibimientos legales notificados a cada uno de los profesionales. La situación mantiene paralizada la logística agroexportadora e industrial en las terminales portuarias involucradas. Las actuaciones administrativas y judiciales continuarán en caso de no registrarse la prestación del servicio.