La reforma del Régimen Académico para las escuelas secundarias bonaerenses volvió al centro del debate político. A casi dos años de su implementación, un grupo de senadores de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof dé a conocer cuáles fueron los resultados concretos de los cambios introducidos en el sistema de promoción, evaluación y acompañamiento de los estudiantes.

La iniciativa, impulsada por la senadora Analía Balaudo, reclama información oficial sobre el impacto pedagógico de la reforma, la evolución de la deserción y el ausentismo escolar, el funcionamiento de los períodos de intensificación de saberes, la convivencia en las aulas, la situación de los docentes y la posibilidad de introducir modificaciones si los objetivos previstos no fueron alcanzados.

El pedido apunta a evaluar la aplicación de la Resolución Conjunta 1650/2024 de la Dirección General de Cultura y Educación, que modificó aspectos centrales del nivel secundario. Entre ellos, eliminó la repetición automática del año completo, permitió la acreditación por materias y estableció nuevas instancias obligatorias de intensificación para los alumnos que adeuden hasta cuatro espacios curriculares.

Desde el bloque opositor sostienen que, pese a la magnitud de la reforma, el Ejecutivo provincial no difundió evaluaciones que permitan determinar si el nuevo esquema logró mejorar los aprendizajes o reducir el abandono escolar.

"La gestión de Kicillof vuelve a anunciar reformas como si fueran soluciones mágicas, pero nunca presenta los resultados. Mientras las escuelas enfrentan problemas de infraestructura, falta de recursos y una preocupante caída en los niveles de aprendizaje, el Gobierno cambia las reglas sin demostrar que eso beneficie realmente a los estudiantes", afirmó Balaudo.

El proyecto también pone el foco en el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Solicita información sobre cómo conviven en las aulas alumnos que cursan trayectorias distintas —regulares, recursantes y quienes participan de los períodos de intensificación— y cómo impactó esa reorganización en el trabajo docente y en la convivencia escolar.

Otro de los ejes del pedido apunta a las nuevas figuras creadas por la reforma, como el Coordinador Institucional de Trayectorias Educativas (CITE) y el Equipo de Definición de Trayectorias Educativas (EDTE). Los legisladores solicitan conocer si el incremento de recursos humanos y económicos destinado a esos dispositivos produjo mejoras verificables en el desempeño de los alumnos y en el acompañamiento pedagógico.

En los fundamentos de la iniciativa también se plantea que uno de los objetivos declarados de la reforma era reducir la frustración y el abandono escolar. Por ese motivo, el pedido exige datos oficiales sobre la evolución de la deserción y el ausentismo entre 2022 y 2026, discriminados por año, distrito y región educativa, para determinar si el nuevo régimen cumplió con esa meta.