El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la prórroga de la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense) hasta el 31 de enero de 2027, una decisión que reavivó las críticas de la oposición y abrió un nuevo debate sobre la política alimentaria provincial.

La medida fue dispuesta mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que extiende la interrupción del programa iniciada en abril de este año. En los fundamentos, el Ejecutivo argumenta que la decisión responde a la emergencia económica provincial, la caída de recursos y la necesidad de concentrar el esfuerzo presupuestario en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), al que considera el eje central de la asistencia alimentaria.
El programa MESA consiste en la entrega mensual de módulos alimentarios destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad que asisten a establecimientos educativos estatales y municipales. Según la resolución, fue creado como una herramienta extraordinaria durante la pandemia y luego continuó como complemento del Servicio Alimentario Escolar.
Tras conocerse la prórroga, los bloques de La Libertad Avanza en el Senado y en Diputados anunciaron que presentarán un nuevo pedido de informes para que el Gobierno provincial detalle los motivos de la suspensión, la cantidad de beneficiarios alcanzados, el ahorro fiscal que representa la medida y las alternativas previstas para las familias que recibían esa asistencia.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue uno de los dirigentes que cuestionó la decisión. "Esta es la verdadera cara de la gestión de Kicillof, que prefiere quitarle comida a los bonaerenses en lugar de reducir privilegios de la política. Suspenden un programa que representa una contención alimentaria básica para más de dos millones de familias bonaerenses y los dejan sin opciones ni alternativas", afirmó.

En la misma línea, el jefe del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, sostuvo que la Provincia "no puede suspender un programa alimentario que alcanza a millones de bonaerenses sin explicar por qué lo hace ni qué alternativa les ofrece a las familias". Según el legislador, el Ejecutivo tiene la obligación de brindar información pública sobre el impacto de la medida y las acciones previstas para garantizar la asistencia alimentaria.

Desde el oficialismo, en cambio, la resolución sostiene que la suspensión no implica la eliminación de la política alimentaria, sino una reorganización de los recursos disponibles para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar, que continuará garantizando la alimentación diaria de los estudiantes dentro de los establecimientos educativos. Además, señala que durante el período de suspensión se evaluará la situación presupuestaria, la evolución del contexto económico y la viabilidad futura del programa MESA.

El diputado provincial Juanes Osaba también criticó la decisión y afirmó que "la suspensión del Programa MESA demuestra la mentira del modelo del gobernador Axel Kicillof, que habla de justicia social y Estado presente mientras interrumpe una asistencia alimentaria destinada a millones de bonaerenses".

La continuidad de la suspensión del programa vuelve a colocar en el centro de la discusión el financiamiento de las políticas sociales en la provincia. Mientras el Gobierno bonaerense sostiene que la emergencia económica obliga a reasignar recursos para preservar el Servicio Alimentario Escolar, la oposición reclama precisiones sobre el alcance de la medida y cuestiona que el ajuste recaiga sobre uno de los programas destinados a asistir a familias en situación de vulnerabilidad.