El Gobierno provincial fijó topes arancelarios con incrementos del 5% y 2,5% para las cuotas de agosto y septiembre respectivamente, mientras representantes de la educación privada afirman que la medida es insuficiente para afrontar los fuertes aumentos en los servicios básicos.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada (DIEGEP), oficializó el esquema de topes arancelarios para los colegios de gestión privada con aporte estatal correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026 (ver gráfico).

Según lo dispuesto por las autoridades provinciales, las cuotas autorizadas registrarán una suba del 5 por ciento para el mes de agosto, a la que se sumará un incremento del 2,5 por ciento durante el mes de septiembre.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100 por ciento.

Desde el sector educativo privado, las reacciones ante esta pauta de ajuste no tardaron en manifestarse. Perpetuo Lentijo, directivo de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra), dijo que la cuota sube 5 por ciento en agosto y 2,5 por ciento en septiembre para colegios privados de la provincia de Buenos Aires, según la validación del gobierno provincial.

Sin embargo, Lentijo advirtió sobre la gravedad de la situación financiera del sector: “El incremento de cuota es insuficiente ante la suba de los servicios de luz, gas, agua, tasas municipales. Las escuelas están en una situación muy difícil. Sobre todo de sectores más vulnerables. La cuota del 100 por ciento de subsidio estatal no cubre los costos de los colegios. La cuota que actualiza es absolutamente insuficiente”.

El dirigente remarcó que el desfase entre las tarifas de los servicios públicos esenciales y la actualización arancelaria permitida pone en riesgo la sostenibilidad operacional de los establecimientos, afectando de manera especialmente aguda a las instituciones que atienden a las comunidades con menores recursos.

Por su parte, la comunicación oficial del gobierno provincial ratifica la obligatoriedad de que cada centro educativo notifique de forma clara y legible a las familias el porcentaje de aporte estatal recibido e informe a las autoridades correspondientes los valores definitivos aplicados para ambos periodos.