En medio del debate por la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y los reclamos del gobernador Axel Kicillof por una mayor disponibilidad de recursos, un proyecto presentado en el Senado bonaerense propone eliminar una estructura estatal creada hace casi tres décadas para promover negocios e inversiones en la ciudad de Miami.

La iniciativa, impulsada por el senador Matías De Urraza, plantea derogar las leyes 12.221 y 12.222, sancionadas en 1998, que declararon de interés provincial y crearon una comisión para implementar una oficina de promoción de negocios e inversiones de la Provincia en esa ciudad de Estados Unidos.

Según los fundamentos del proyecto, las normas responden a un contexto económico completamente distinto al actual y hoy "distan significativamente de las necesidades y prioridades del gasto en la Provincia de Buenos Aires". El texto sostiene además que avanzar en la revisión de estructuras de este tipo forma parte de una política orientada a "ordenar, achicar y hacer más eficiente el Estado provincial".

Desde La Libertad Avanza remarcan que la propuesta no apunta a cuestionar la promoción de inversiones internacionales, sino la permanencia de organismos creados hace casi treinta años cuya utilidad debería ser reevaluada en función de las prioridades actuales de la administración bonaerense.

"Venimos a achicar el Estado, eliminar el gasto ineficiente y devolverle la plata al que trabaja", sostuvo De Urraza al defender la iniciativa. El legislador también calificó a la oficina como "una oficina para el turismo de la política" y cuestionó que continúe vigente. Según afirmó, "Kicillof sostiene privilegios que no le trajeron ni un dólar de inversión a los bonaerenses".

El debate también quedó atravesado por la falta de información pública sobre el funcionamiento actual de esa estructura. Desde el entorno del senador señalaron que no es posible determinar cuánto presupuesto destina hoy la Provincia a esa oficina, al sostener que el Ejecutivo no publica el nivel de desagregación presupuestaria necesario para identificar el gasto por programa ni la ejecución correspondiente al año en curso.

"Hoy no podemos saber cuánto dinero se asigna a esa oficina, como tampoco cuánto recibe un hospital, una unidad penitenciaria o una escuela en particular. Recién esta semana conocimos cómo se ejecutaron los recursos de 2025 y todavía no hay información pública sobre la ejecución presupuestaria de este año", indicaron desde el equipo del legislador.

En los fundamentos del proyecto también se argumenta que toda estructura estatal se financia con recursos provenientes de los impuestos de los bonaerenses y que revisar organismos cuya vigencia responde a otra realidad institucional constituye un paso necesario para mejorar la eficiencia del gasto público.

La propuesta comenzará ahora su tratamiento legislativo. Más allá de su impacto presupuestario, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la actualización de normas y organismos creados durante la década del noventa y sobre la necesidad de revisar qué estructuras siguen cumpliendo una función efectiva dentro del Estado provincial.