El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos públicos para cubrir 17 vacantes en fiscalías federales de distintos puntos del país, en el marco del proceso de reorganización y cobertura de cargos vacantes dentro del sistema judicial.
La decisión cobra relevancia en un contexto político marcado por la discusión en torno al futuro de la Procuración General de la Nación, organismo que encabeza el Ministerio Público Fiscal. El Gobierno nacional impulsa cambios en el esquema de funcionamiento del cargo de procurador general, entre ellos la posibilidad de limitar su mandato a dos períodos y poner fin al carácter vitalicio de la función.
La convocatoria se inscribe además en la estrategia de la Casa Rosada de avanzar, antes de fin de año, con la cobertura de alrededor de 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluyendo cargos clave en la Cámara Federal porteña y en los tribunales orales federales.
De concretarse ese objetivo, una parte significativa de los magistrados y funcionarios judiciales serían designados durante la actual gestión de Javier Milei, lo que implicaría una fuerte renovación dentro del Poder Judicial.
Los concursos abiertos buscan cubrir cargos en fiscalías federales y unidades fiscales ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.
Entre las vacantes figuran la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, las fiscalías federales de Ushuaia, Viedma y Comodoro Rivadavia, así como las de Clorinda, Roque Sáenz Peña, Tucumán, Orán, Salta y Posadas.
También se incluyen las fiscalías federales de Concordia, Victoria y Paraná, en Entre Ríos; las fiscalías federales N°1 y N°3 de Rosario y la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe; además de la Fiscalía Federal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
La Procuración informó que los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 25 de septiembre. Posteriormente, entre el 15 y el 17 de diciembre, se realizarán los sorteos para conformar los tribunales evaluadores.
La cobertura de estos cargos aparece como una necesidad creciente ante el avance de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal de carácter acusatorio, un sistema que otorga un mayor protagonismo a los fiscales en la conducción de las investigaciones penales.