Una licitación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires por más de $2.278 millones para contratar un servicio integral de producción y distribución de contenidos audiovisuales abrió un nuevo frente de debate político en la Legislatura bonaerense.

Senadores y diputados de La Libertad Avanza presentaron sendos pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo explique el alcance del Proceso de Compra N.º 401-0405-LPU26, impulsado por el Ministerio de Comunicación Pública, cuyo objetivo es contratar durante seis meses un sistema de producción, grabación y transmisión de contenidos vinculados a las actividades del Gobierno provincial.

Según surge de los fundamentos de la iniciativa legislativa, la contratación prevé una estructura de gran escala, con 60 unidades móviles de seguimiento y producción, 60 cámaras de cobertura, servicios de filmación con drones, sistemas de transmisión 4G, equipamiento ENG, 20 puestos de control central y un estudio propio para producción y emisiones en vivo, lo que permitiría sostener una cobertura prácticamente permanente de las actividades oficiales.

El expediente también contempla la posibilidad de prorrogar el contrato por otros seis meses y ampliar hasta un 20% el monto contratado, por lo que la oposición solicitó conocer cuál podría ser el costo final de la contratación en caso de utilizarse esas facultades previstas en el pliego.

Además de requerir la documentación completa de la licitación, los legisladores preguntaron si los contenidos producidos tendrán un carácter exclusivamente institucional o si podrán utilizarse para difundir la gestión o promocionar funcionarios públicos. También solicitaron información sobre los medios que recibirán la señal, la existencia de auditorías externas y los mecanismos previstos para garantizar la transparencia y evitar un uso partidario de los recursos públicos.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue uno de los principales críticos de la iniciativa. "La realidad del abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que la pauta oficial ya no le alcanza. Ahora va por un canal de propaganda propio, queriendo armar su medio provincial y en seis meses va a despilfarrar $2.278 millones de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tienen herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis", sostuvo.

En la misma línea, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, consideró que "la comunicación institucional no está en discusión", aunque cuestionó que el Gobierno provincial impulse un gasto de esa magnitud en el actual contexto. "Un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de $2.000 millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis que atraviesa la Provincia es una vergüenza. Las prioridades están completamente invertidas", afirmó.

También se expresó el diputado provincial Juanes Osaba, quien vinculó la contratación con la situación de distintos servicios públicos bonaerenses. "Mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis del IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes, el gobernador usa la billetera de los que trabajan para financiar su propia estructura de comunicación", sostuvo.

En los fundamentos del pedido de informes, los legisladores aclaran que no cuestionan la necesidad de que el Estado provincial cuente con herramientas de comunicación institucional, sino que reclaman mayores controles sobre el destino de los recursos públicos, la transparencia del proceso y garantías de que los contenidos financiados con fondos estatales no sean utilizados con fines de promoción política o partidaria.

El proyecto deberá ahora ser tratado en ambas cámaras, mientras la oposición espera que el Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre una contratación que, por su monto y alcance operativo, se convirtió en uno de los principales focos de discusión política de las últimas semanas.