En medio de un escenario marcado por inundaciones, sequías y fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, un proyecto presentado en el Senado bonaerense busca ampliar la asistencia a los productores agropecuarios y reducir la presión impositiva sobre quienes atraviesan situaciones críticas.

La iniciativa, impulsada por la senadora provincial Analía Balaudo, propone reformar la Ley 10.390 de Emergencia y Desastre Agropecuario para facilitar el acceso a los beneficios previstos por la normativa y brindar un mayor alivio económico a los establecimientos afectados.

Uno de los principales cambios apunta a reducir los niveles de afectación exigidos para obtener la declaración de emergencia o desastre agropecuario. Según argumentan desde el espacio libertario, el esquema actual deja afuera a numerosos productores que, pese a sufrir pérdidas importantes, no alcanzan los porcentajes requeridos para recibir asistencia estatal.

El proyecto también incorpora medidas fiscales concretas. Entre ellas, establece la prórroga de impuestos provinciales por hasta 360 días, una reducción del 50% de los tributos que gravan las zonas afectadas y la suspensión de las ejecuciones fiscales mientras dure la emergencia. Además, contempla la condonación del Impuesto Inmobiliario Rural para los productores que sean alcanzados por una declaración de desastre agropecuario.

“Cuando una inundación o una sequía destruye la producción, el Estado no puede seguir actuando como si nada hubiera pasado. Los productores necesitan herramientas para recuperarse, no más trámites, más impuestos ni más presión fiscal”, sostuvo Balaudo al presentar la iniciativa.

La legisladora remarcó además que el impacto de las emergencias climáticas excede al sector rural y termina afectando a la economía de numerosas localidades del interior bonaerense. “Detrás de cada productor hay trabajadores, contratistas, comercios y familias enteras que dependen de la actividad agropecuaria. Cuando el campo se paraliza, también se resiente la economía de los pueblos del interior”, afirmó.

La propuesta también pone el foco en el rol de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Desde el espacio impulsor consideran que, en medio de situaciones de emergencia, la continuidad de las ejecuciones fiscales y de las obligaciones tributarias profundiza las dificultades de los productores y retrasa la recuperación de la actividad.

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara alta bonaerense. Sus impulsores sostienen que la normativa vigente quedó desactualizada frente al aumento de los eventos climáticos extremos y que la Provincia necesita un régimen más ágil para asistir a uno de los principales motores económicos del interior.

En un contexto de alta vulnerabilidad climática y de reclamos crecientes del sector agropecuario, la iniciativa reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de recaudar y la obligación del Estado de acompañar a quienes enfrentan pérdidas extraordinarias por causas ajenas a su actividad.