Las gestiones institucionales orientadas a resolver las controversias derivadas de las ocupaciones irregulares de tierras sumaron un nuevo capítulo en el ámbito administrativo federal. El Municipio de Tandil solicitó de manera formal al Gobierno nacional la desafectación del predio tomado en el sector geográfico de La Movediza del listado oficial del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El requerimiento técnico fue presentado en el marco de una reunión de trabajo celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre autoridades del departamento ejecutivo local y representantes técnicos de diversas carteras del Estado nacional. La comitiva comunal estuvo encabezada por el secretario de Legal y Técnica de la comuna, Francisco Maciá Cantarelli, quien asistió acompañado por miembros de la Secretaría de Protección Ciudadana.

En declaraciones periodísticas formuladas al programa radial La Mañana de El Eco, Maciá Cantarelli precisó que las dimensiones de la problemática actual exceden los marcos del debate técnico sobre la permanencia o exclusión del terreno dentro de los beneficios del Renabap. El funcionario provincial puntualizó que el eje prioritario de la preocupación comunal se desplazó hacia la preservación de la seguridad pública. Al respecto, detalló que diversas investigaciones instruidas por las autoridades judiciales requirieron de forma recurrente el aporte operativo de la intendencia a través del procesamiento de las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo local, constatándose en esas pericias que el producto de múltiples ilícitos perpetrados en el distrito es trasladado y acopiado en el interior del asentamiento.

Complejidad jurídica y la intervención de fueros judiciales

Los reportes oficiales provistos por la secretaría municipal determinaron que el mapa de delitos asociados a la toma territorial presenta una matriz de alta gravedad. El pliego de causas en trámite no se limita a figuras correccionales como robos menores o hurtos simples, sino que incorpora expedientes penales complejos vinculados a la Ley de Estupefacientes y redes de narcotráfico. Frente a este panorama de vulnerabilidad, el gabinete del intendente Miguel Lunghi concretó rondas de consulta y coordinación operativa con los titulares de las fiscalías dependientes del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y del fuero de la Justicia Federal para unificar criterios de persecución criminal.

Respecto a la viabilidad del trámite administrativo iniciado en las oficinas nacionales, el secretario de Legal y Técnica reconoció que el procedimiento tendiente a lograr la desafectación del predio del Renabap reviste un carácter "arduo y complejo". La dificultad principal radica en los derechos adquiridos por las familias que ya se encuentran formalmente identificadas y censadas bajo el amparo de la legislación del registro nacional. Sin perjuicio de ello, Maciá Cantarelli aclaró que la normativa contempla herramientas de contingencia y mecanismos técnicos específicos para coordinar un eventual operativo de relocalización urbana de los ocupantes en caso de obtener una resolución favorable de los organismos nacionales.

Antecedentes de la ocupación y nuevas agencias federales

La presentación comunal ante las autoridades de la administración central permitió poner en conocimiento áreas del Estado que no contaban con un diagnóstico exhaustivo de la conflictividad en el territorio tandilense. De acuerdo con el balance del encuentro, los funcionarios nacionales asumieron el compromiso de dar traslado al expediente a otras dependencias con competencias específicas, tras coincidir en que el escenario en La Movediza modificó su naturaleza original, mutando de una emergencia netamente habitacional hacia un cuadro crítico de seguridad ciudadana. Como derivación de este nuevo enfoque analítico, las autoridades adelantaron que se prevé dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para fiscalizar la situación registral de las personas asentadas.

El origen de la toma de tierras se remonta al mes de febrero del año 2023. Al evaluar la genealogía del asentamiento, el secretario municipal evaluó que el proceso constitutivo estuvo "contaminado" por la intervención de intereses ajenos a la vulnerabilidad social, afirmando la existencia de una planificación logística previa orientada a forzar y abultar los registros del censo de ocupantes. En contrapartida, el funcionario remarcó que el Municipio de Tandil adoptó una postura de rechazo orgánico frente a dicha modalidad de acceso al suelo desde el primer día de la ocupación, recordando que el Estado bonaerense posee canales legales y programas específicos para tramitar las demandas de vivienda de la población.

Finalmente, la conducción del área legal defendió la regularidad de las actuaciones administrativas desplegadas por el municipio a lo largo de los últimos tres años. Las autoridades recordaron que desde el inicio de la toma se conformaron mesas de diálogo, se relevaron datos socioeconómicos propios y se tramitaron expedientes ante las carteras de desarrollo de la Provincia y de la Nación, actuando siempre al límite de las competencias jurídicas asignadas a las intendencias en litigios que involucran de manera directa a propietarios particulares y a magistrados del Poder Judicial.