Las tensiones en el sistema educativo público volvieron a manifestarse en el espacio público mediante una medida de fuerza de alcance federal. Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires participaron de una jornada nacional de lucha convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La principal actividad del plan de acción consistió en una concentración de las seccionales de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) frente a las dependencias del Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa nacional en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta contó con la adhesión y movilización de representantes del partido de Chivilcoy, quienes expusieron los condicionantes que aplican las políticas macroeconómicas de la administración central sobre el organigrama escolar bonaerense.

El dirigente Germán Prusso enmarcó la protesta en la ausencia de canales de diálogo institucionales por parte del Poder Ejecutivo nacional, señalando la existencia de un lineamiento de gestión orientado a desarticular el principio de corresponsabilidad educativa y el financiamiento compartido estipulado en las leyes federales. Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Chivilcoy, Cristina Bergerot, describió los efectos locales de la restricción de partidas, definiendo la situación como un cuadro de "ahogamiento financiero" que restringe los márgenes de maniobra presupuestaria de la gobernación provincial para formular ofertas salariales previsibles frente a los índices de inflación.

El escenario de conflicto coincide con la parálisis de las negociaciones colectivas en la jurisdicción provincial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) formalizó el rechazo a las actas presentadas por los representantes del gobierno provincial durante las audiencias ministeriales celebradas el jueves y viernes de la semana pasada. Las organizaciones sindicales catalogaron como insuficiente el trámite ante la falta de una propuesta concreta de recomposición de los haberes básicos, aunque las mesas técnicas ratificaron el esquema de liquidación en tiempo y forma para el medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario).

Más allá de la discusión estrictamente paritaria, el bloque de los trabajadores formalizó un pliego de exigencias vinculadas a la organización y salud laboral en los establecimientos. Entre las demandas administrativas presentadas ante la Dirección General de Cultura y Educación se destacan:

• Desconexión laboral: El establecimiento de pautas regulatorias efectivas para garantizar el cese de requerimientos pedagógicos fuera del horario de servicio.

• Licencias médicas: La resolución de fallas operativas crónicas en los sistemas informáticos de auditoría y otorgamiento de carpetas médicas.

• Titularizaciones: La aceleración y finalización de los procesos de estabilidad laboral para el personal docente de las escuelas técnicas y agrarias bajo el marco del decreto 900.

• Convenio Colectivo: La apertura de mesas de debate permanentes sobre el nuevo régimen académico y el diseño de un convenio colectivo de trabajo para el sector.

El segundo eje estructural de la movilización se concentró en los recursos destinados a la seguridad social y el sostenimiento del Instituto de Previsión Social (IPS). La conducción gremial denunció demoras sistemáticas en la transferencia de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debe girar a la caja previsional no transferida de la provincia de Buenos Aires. Bergerot cuestionó la parálisis de la propuesta técnica de regularización que los equipos de gobierno debían presentar el pasado 10 de junio y ratificó la posición de rechazo sindical ante cualquier intento de "armonización" de las pautas jubilatorias bonaerenses con los regímenes nacionales bajo las recomendaciones de los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, las consecuencias de la supresión de los programas de asistencia federal fueron ejemplificadas a través del estado de la infraestructura humana en el interior provincial. En el caso específico de las escuelas de jornada completa que operan en el partido de Chivilcoy, las autoridades gremiales detallaron que el sostenimiento de dichos cargos pedagógicos de horario extendido respondía originalmente a un modelo de cofinanciamiento entre la Nación y la Provincia. Tras la interrupción de los giros de fondos nacionales, la administración de la provincia de Buenos Aires debió reasignar partidas presupuestarias propias para absorber la totalidad del costo operativo, una medida de emergencia ejecutada con el propósito de asegurar la continuidad de los comedores y las horas cátedra pero que satura la capacidad fiscal del distrito.