La inseguridad volvió a instalarse en el centro del debate político bonaerense. En medio de los reclamos por el aumento de los delitos violentos, el avance del narcotráfico y la creciente preocupación de los vecinos, el senador provincial Carlos Curestis presentó un proyecto para que el Gobierno de Axel Kicillof convoque de manera urgente al Consejo Provincial de Seguridad Pública, un organismo creado por ley para diseñar y coordinar estrategias de prevención del delito.

Según plantea la iniciativa, la Provincia cuenta desde hace casi tres décadas con una herramienta institucional destinada a reunir al Poder Ejecutivo, la Legislatura y distintos actores especializados en seguridad para debatir y consensuar políticas públicas. Sin embargo, el organismo nunca logró un funcionamiento sostenido ni permanente.

El planteo surge en un contexto donde la inseguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones de los bonaerenses y donde los cuestionamientos a la gestión provincial en esta materia se multiplican tanto desde la oposición como desde distintos sectores sociales.

Para Curestis, antes de avanzar con nuevas reformas o anuncios, el Ejecutivo debería poner en marcha los mecanismos que ya contempla la legislación vigente. “Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas. La Provincia tiene una herramienta institucional creada por ley para coordinar una política de seguridad seria y nunca la puso en funcionamiento de manera efectiva”, sostuvo el legislador.

El senador advirtió además que el problema dejó de ser exclusivamente policial y pasó a convertirse en una cuestión social, económica e institucional que requiere una respuesta coordinada entre distintos organismos del Estado.

La iniciativa también vuelve a poner el foco sobre uno de los puntos más sensibles de la gestión bonaerense. Mientras el Gobierno provincial insiste en reclamar mayores recursos para enfrentar el delito, desde la oposición cuestionan la falta de resultados y señalan que existen instrumentos previstos por la propia normativa provincial que permanecen inactivos.

“Si el Gobierno considera que hay que debatir cambios en la política de seguridad, primero debería cumplir con la ley vigente y convocar al organismo que fue creado precisamente para eso. La herramienta existe. Lo que falta es voluntad política para usarla”, concluyó Curestis.

El proyecto abre una nueva discusión sobre la estrategia de seguridad de la Provincia en momentos en que la demanda de respuestas concretas frente al delito aparece entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y se transforma en uno de los principales desafíos para la administración de Axel Kicillof.