La reglamentación de los servicios de transporte público y la administración del patrimonio inmobiliario estatal registraron modificaciones normativas en el interior de la provincia de Buenos Aires. El Concejo Deliberante del partido de Junín sancionó un paquete de tres ordenanzas destinadas a reconfigurar el marco operativo de los vehículos de alquiler con chofer, abarcando de forma simultánea a los sistemas tradicionales de taxis y remises y a las nuevas plataformas digitales de viajes. Durante la misma sesión ordinaria, el órgano legislativo aprobó la concesión de un edificio perteneciente al dominio municipal para la instalación de una franquicia comercial de la firma gastronómica Havanna.

La nueva legislación para las aplicaciones móviles de transporte establece un registro obligatorio y un conjunto de exigencias técnicas y de seguridad para las unidades y los conductores. De acuerdo con el texto aprobado, los prestadores que operen mediante estas plataformas deberán acreditar la posesión de licencia de conducir con categoría profesional, la contratación de una póliza de seguro con cobertura específica para el transporte de pasajeros, la superación de las inspecciones mecánicas municipales y la presentación de certificados que constaten la ausencia de antecedentes penales.

En lo que respecta a los prestadores de taxis y remises, las reformas aprobadas por los concejales introducen procedimientos orientados a la desburocratización de la actividad. Las medidas disponen la digitalización integral de los expedientes de habilitación, la simplificación de los trámites de renovación de licencias ante las dependencias del Poder Ejecutivo local y la incorporación de pautas tecnológicas dirigidas a la modernización de los sistemas de despacho de viajes y atención al usuario.

Por otra parte, la autorización para la explotación comercial del inmueble ubicado en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen se concretó mediante el voto de la mayoría reglamentaria del cuerpo. El contrato de concesión estipula un plazo de vigencia inicial de siete años, incorporando una cláusula de prórroga opcional por un período adicional de dos años, sujeta al cumplimiento de las inversiones y condiciones de mantenimiento edilicio fijadas en los pliegos de la adjudicación.

El tratamiento de la cesión del espacio municipal expuso argumentaciones divergentes entre las bancadas que integran el Concejo Deliberante. Los bloques oficialistas que acompañaron el proyecto fundamentaron su voto en los indicadores de reactivación económica local, señalando que la radicación de la sucursal gastronómica generará puestos de empleo directo y revalorizará el área céntrica de la ciudad.

En contraposición, las representaciones de la oposición formularon objeciones técnicas al expediente. Los cuestionamientos se centraron en la falta de precisiones sobre el plan de inversión privada declarado por la empresa licenciataria y en el cambio de destino de un inmueble catalogado como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la comuna de Junín, determinando que los beneficios fiscales proyectados no compensan la pérdida del uso público directo de la propiedad estatal.