La instrumentación de las modificaciones tributarias nacionales sumó disidencias en el arco político tras la difusión de las opciones fiscales adoptadas por integrantes del Poder Ejecutivo. La decisión del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y de su cónyuge, Bettina Angeletti, de incorporar sus obligaciones impositivas al Régimen Simplificado de Ganancias generó declaraciones de rechazo por parte de legisladores y dirigentes de los bloques de la oposición. Las expresiones críticas coincidieron en el requerimiento de publicidad para las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios implicados, en el marco de las actuaciones judiciales vigentes que analizan la evolución de sus activos.

Desde el bloque de Hacemos Nuestro País, el diputado nacional Esteban Paulón cuestionó la habilitación legal que permite a los funcionarios de la administración pública y a sus familiares directos registrarse en este tipo de encuadres simplificados. El legislador comunicó el diseño de un proyecto de ley destinado a establecer una inhabilitación explícita para que los miembros titulares de los tres poderes del Estado, junto a sus parientes en primer grado de consanguinidad, queden excluidos del acceso a este beneficio tributario por plazos determinados, con el propósito de evitar la obstrucción de auditorías ante eventuales delitos contra la administración pública.

En el ámbito del peronismo, el exministro Nicolás Trotta realizó declaraciones sobre el alcance de la figura de “Inocencia Fiscal” promovida por la gestión de La Libertad Avanza. El dirigente señaló que dicha condición administrativa carece de efectos jurídicos para interrumpir o extinguir las responsabilidades en el fuero penal, y remarcó la coexistencia de este trámite con los pedidos de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Asimismo, el diputado Itaí Hagman asoció la inscripción de Adorni al nuevo esquema con las medidas oficiales orientadas a la flexibilización de los controles regulatorios sobre las tenencias de moneda extranjera en el sector privado.

Por su parte, las observaciones institucionales se extendieron hacia representantes de la Unión Cívica Radical (UCR). El diputado nacional Pablo Juliano detalló que la adhesión al Régimen Simplificado por parte del jefe de Gabinete, de su esposa y de la cónyuge del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se corresponde con las objeciones técnicas que el bloque de el radicalismo expuso durante el tratamiento parlamentario de la norma. Según el legislador, la estructura de la ley aprobada adolece de controles específicos, lo que podría dar lugar a distorsiones vinculadas a la evasión fiscal o el lavado de activos.

La discusión sobre el impacto distributivo de la reforma fiscal fue analizada también en la Cámara Alta. El senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, emitió un dictamen técnico donde tipificó al nuevo ordenamiento impositivo como una herramienta de política fiscal orientada de forma prioritaria a la reducción de la carga tributaria en los deciles de mayores ingresos de la población.

Los pronunciamientos de los diferentes bloques opositores mantuvieron la centralidad en el nivel de transparencia de los actos de gobierno, señalando que la combinación de regímenes simplificados de liquidación y la falta de actualización en los registros patrimoniales públicos de los funcionarios restringen los mecanismos de control ciudadano previstos por las leyes de ética pública vigentes.