Un establecimiento agropecuario de 376 hectáreas que fue legado por Margarita Mancuso para producir recursos destinados al funcionamiento y mejora del Hospital Municipal Dr. Casellas Solá de Cacharí acumuló una deuda superior a los $150 millones por parte de su arrendatario.

La situación fue advertida durante el análisis de la rendición de cuentas por parte de concejales de La Libertad Avanza de Azul, quienes comenzaron a solicitar información y explicaciones sobre el estado del contrato y el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el arrendatario.

El campo forma parte de una donación realizada con un objetivo específico: que su explotación agropecuaria permitiera financiar necesidades del hospital local. Para ello, el Municipio de Azul administra el inmueble y obtiene recursos mediante contratos de arrendamiento celebrados mediante licitaciones o registros de oferentes.

La situación generó interrogantes a partir de una licitación realizada en 2022, cuando se adjudicó la explotación del establecimiento a través de una oferta que, de acuerdo a distintos actores vinculados al sector agropecuario, se ubicaba muy por encima de los valores habituales de mercado para un campo de esas características. Con el paso del tiempo, el arrendatario dejó de cumplir con los pagos comprometidos, generando una deuda millonaria que impactó directamente sobre recursos que tenían como destino final el sistema de salud local.

"Estamos hablando de recursos que debían llegar al hospital y terminaron transformándose en una deuda millonaria. Lo que está en discusión no es solamente un contrato, sino el destino de fondos que tenían que contribuir a sostener la atención de los vecinos", señalaron desde el espacio.

La difusión pública del caso generó preocupación e indignación entre vecinos de Azul y Cacharí, especialmente por tratarse de una donación cuyo propósito era fortalecer el sistema sanitario local. Luego, el Ejecutivo municipal avanzó con la rescisión del contrato, una decisión que para distintos sectores expuso deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la concesión.

"Cuando se administra un patrimonio que fue donado para sostener la salud pública, la responsabilidad tiene que ser máxima. Los vecinos merecen saber qué ocurrió, cómo se llegó a esta situación y qué medidas se van a tomar para recuperar los recursos que perdió el hospital", añadieron.

El caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y comunitario de Azul, mientras crecen los pedidos de información sobre el estado de la deuda y sobre el impacto que la falta de esos recursos tuvo en el funcionamiento del Hospital Municipal Dr. Casellas Solá.