A más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el relato fundacional sostenido sobre la transparencia y el combate a la "casta" enfrenta su desafío más complejo ante la propia opinión pública. Un exhaustivo sondeo realizado en abril de 2026 por la consultora de análisis político Eunomia revela el fuerte impacto que provocaron las investigaciones judiciales por la criptomoneda $LIBRA y las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y uso irregular de bienes públicos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El estudio, que relevó 1.880 casos en la región capital de la Provincia de Buenos Aires (La Plata y alrededores), evidencia que ambos escándalos salieron del nicho mediático para consolidarse de forma masiva en la agenda ciudadana: el caso $LIBRA es conocido por el 81% de los encuestados, mientras que el caso Adorni alcanza una penetración del 89.4%.

La mirada de la sociedad sobre estos episodios es severa. El 85% de los consultados califica los hechos dentro de la categoría de graves o muy graves (el 63.3% optó por la máxima gravedad), mientras que apenas un 10% les resta importancia. Lejos de interpretarse como conductas individuales aisladas, el 79.8% de los ciudadanos afirma que se trata de un problema sistémico y más amplio dentro del funcionamiento del gobierno. Asimismo, el consenso negativo es casi absoluto al evaluar la gestión de la crisis por parte de la Casa Rosada: el 84% reprueba la respuesta institucional del oficialismo, acusándolo de haber minimizado los hechos e intentado desviar la atención pública. En cuanto a las responsabilidades políticas, el 50.5% apunta a todos los funcionarios involucrados por igual y un 26.6% señala directamente al Presidente.

El valor analítico más destacado del informe de Eunomia radica en el desglose del bloque que llevó al gobierno al poder en 2023, donde se observan "dos velocidades de erosión" en la confianza. En el núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA), el impacto muestra una notable resiliencia, pero ya registra mermas: un 28% de los votantes propios de Milei confiesa haber perdido confianza y un 24% admite que su voto de cara al futuro está en riesgo o en duda. El 52% de este segmento reconoce la contradicción con el discurso anti casta, pero elige absorber el costo político en función de su valoración general de la gestión, mientras que un 31% logra proteger la figura presidencial atribuyendo la culpa exclusivamente a su entorno cercano (como Karina Milei o el propio Adorni).

La situación es sustancialmente más crítica entre los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) que acompañaron en el balotaje. En este universo pragmático y sin lazos emocionales con el liderazgo libertario, la incomodidad es evidente: el 58% considera los hechos como graves y un categórico 42% asegura que los casos de corrupción pesarían directamente en su decisión electoral, lo que representa el índice de volatilidad más alto del espectro político. Si se toma el bloque combinado de oficiales y aliados $(LLA + JxC)$, el 34% de la base electoral original se encuentra actualmente en situación de "voto en riesgo total" (ya no votaría al oficialismo o lo pondría en duda). El informe advierte que si el PRO decide avanzar con candidaturas propias en los próximos turnos electorales, este descontento podría canalizar una migración masiva de votantes.

El factor económico como amplificador del malestar

El estudio concluye que la corrupción no opera de manera autónoma en la psicología del electorado, sino que mantiene una estrecha relación de dependencia con el bolsillo. En un contexto donde la inflación se desaceleró pero las prioridades mutaron hacia la preocupación por el poder adquisitivo y la estabilidad laboral, los escándalos actúan como un potente amplificador del malestar social.

De acuerdo con el análisis de Eunomia, la contradicción que más golpea al Gobierno no es meramente simbólica respecto de sus promesas de campaña, sino material: la ciudadanía percibe la ostentación o el acceso a privilegios de los funcionarios (como los viajes oficiales y patrimonios del jefe de Gabinete) en un escenario de fuerte contracción del consumo general. La combinación de deterioro económico y sospechas de corrupción estructural se perfila, de este modo, como el principal desafío político y comunicacional que deberá administrar el oficialismo para evitar la sangría de su capital político.