miércoles 03 de junio de 2026 - Edición Nº2737

Rosca | 3 jun 2026

Tratamiento legislativo

El Senado debatirá el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

12:39 |La iniciativa diseñada por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones en los plazos de desocupación por incumplimiento contractual, elimina los topes a la adquisición de tierras rurales por parte de no residentes con validación provincial y suprime las restricciones temporales de la Ley de Manejo del Fuego


El Senado de la Nación tiene previsto incluir en la sesión de este jueves el tratamiento del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El texto normativo, elaborado bajo la supervisión técnica del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone una reforma integral de las pautas que regulan los derechos de propiedad, los contratos de locación y las restricciones de uso del suelo con el propósito de incentivar la inversión privada y desregular los mercados sectoriales.

En lo que respecta al régimen de locaciones urbanas, el proyecto introduce un procedimiento acelerado para la restitución del inmueble en casos de mora en los cánones locativos o vencimiento de los plazos contractuales sin acuerdo de renovación. La redacción final establece que el locador quede facultado para intimar la desocupación de la propiedad tras un plazo de 10 días desde la notificación formal por falta de pago. Esta ventana temporal modifica el estándar regulatorio vigente de dos meses consecutivos. En el marco de la negociación parlamentaria coordinada por la jefa de la bancada de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el límite original de tres días contemplado en el borrador inicial fue extendido a diez días para facilitar los consensos necesarios para su tratamiento.

La discusión de la iniciativa se inscribe en un escenario de reconfiguración de las carteras de consumo. De acuerdo con métricas relevadas por la organización Inquilinos Agrupados, el 70% de los locatarios registra pasivos financieros y las erogaciones por servicios de vivienda representan más del 40% de los ingresos de dichos hogares.

Durante la fase de comisiones, la ingeniería política del oficialismo implementó adecuaciones sobre el texto original para viabilizar el trámite parlamentario:

Barrios Populares: Se resolvió excluir el capítulo que eliminaba la prohibición de desalojo en los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), postergando dicho debate con el fin de evitar contingencias en materia de asistencia social.

Tierras Rurales: Se suprime el esquema de topes cuantitativos y geográficos vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas jurídicas o físicas extranjeras. Como contrapartida técnica para asegurar el acompañamiento de las administraciones provinciales, se incorporó un artículo que supedita la validez de las operaciones de compraventa a la aprobación explícita de los gobiernos de cada jurisdicción.

Otro de los vectores centrales de la reforma diseñada por Sturzenegger se orienta a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las restricciones al cambio de uso del suelo impuestas por la reforma legislativa de 2020, la cual prohibía por un lapso de entre 30 y 60 años la enajenación o la alteración de la actividad productiva en terrenos afectados por incendios forestales o rurales, una medida originalmente destinada a mitigar la especulación inmobiliaria.

Durante su exposición técnica ante el plenario de comisiones del Senado, el ministro Sturzenegger fundamentó la derogación argumentando que las restricciones previas afectaban los derechos de propiedad y restaban previsibilidad a las actividades agrícolas. Según el enfoque de la cartera de Desregulación, la extensión automática de las penalidades temporales sobre las áreas productivas distorsiona el mercado de bienes raíces y limita la capacidad de adecuación tecnológica del sector agropecuario.

El bloque oficialista proyecta contar con el volumen de votos necesario para obtener la media sanción de la norma, fundamentado en los acuerdos técnicos consolidados con los gobernadores de diversos signos políticos, lo que permitiría avanzar en el proceso de regularización y desregulación económica antes del inicio del receso invernal.

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