El Gobierno nacional formalizó la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, un dispositivo normativo incluido en el capítulo de Modernización Laboral de la legislación vigente. La medida, instrumentada mediante el Decreto 409/2026, establece los lineamientos operativos e incentivos económicos para que las empresas del sector privado regularicen los vínculos laborales informales o aquellos que presenten registraciones deficientes, tales como fechas de ingreso postergadas o subdeclaración de haberes respecto de los efectivamente percibidos.

El propósito técnico de la iniciativa consiste en ampliar la base de trabajadores formales en el mercado local y subsanar las contingencias pasivas acumuladas por las empresas. Para ello, la normativa diseña un esquema de condonación de pasivos previsional y de seguridad social aplicable de forma exclusiva a las relaciones laborales iniciadas de manera previa a la promulgación de la reforma.

Escala de condonaciones y facilidades de pago

La ingeniería financiera del régimen estipula que los porcentajes de quita sobre las deudas por aportes y contribuciones se apliquen de forma segmentada de acuerdo con los parámetros de categorización de las empresas:

Micro y pequeñas empresas: Accederán a una condonación del 90% del capital e intereses adeudados.

Medianas empresas (Tramos 1 y 2): Obtendrán una reducción del 80% de las obligaciones acumuladas.

Grandes compañías: El beneficio de quita técnica se establecerá en el 70%.

Asimismo, el Decreto 409/2026 exime en un 100% las deudas asociadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, los saldos pendientes con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las primas del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Para la cancelación del saldo remanente, las firmas dispondrán de dos modalidades de pago. La primera consiste en la liquidación al contado, opción que incorpora un beneficio adicional del 50% de descuento sobre el capital y los intereses remanentes. La segunda alternativa faculta a los empleadores a suscribir un plan de facilidades de pago en cuotas que será administrado e instrumentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Efectos jurídicos y reconocimiento de derechos previsionales

En el plano administrativo y judicial, la adhesión regular al programa extingue las acciones penales derivadas de presuntos delitos de evasión de aportes a la seguridad social, siempre que no medie sentencia firme al momento de la presentación. Adicionalmente, las empresas podrán solicitar su exclusión del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de aquellas infracciones constatadas con anterioridad al 6 de marzo de 2026, lo que normaliza su condición para participar en procesos de contratación pública o acceder a programas oficiales de asistencia.

Desde la perspectiva del capital humano, los períodos laborales que sean incorporados al sistema formal mediante este blanqueo serán validados técnicamente como tiempo de servicio efectivo. Esta acreditación en el historial laboral de los dependientes habilitará el cumplimiento de los requisitos regulatorios necesarios para el acceso a las prestaciones previsionales de jubilación, pensiones por invalidez o fallecimiento, y la tramitación de los seguros por desempleo.

La puesta en marcha de este marco regulatorio refleja el enfoque macroeconómico del oficialismo, orientado a remover los sobrecostos e incentivar la inversión privada mediante la simplificación de los procesos administrativos, promoviendo la sustentabilidad del empleo sin recurrir a transferencias o subsidios directos del Tesoro nacional.