La Provincia de Buenos Aires podría avanzar en los próximos meses hacia una modificación de su marco regulatorio para la actividad comercial y logística. El senador provincial Matías De Urraza presentó un proyecto de ley que propone derogar la Ley 12.573, una normativa sancionada en 2001 que regula la instalación, ampliación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

La iniciativa busca remover restricciones que, según sus autores, hoy limitan la radicación de inversiones privadas en territorio bonaerense. De acuerdo con las estimaciones incluidas en los fundamentos del proyecto, la derogación podría habilitar inversiones de entre USD 1.500 millones y USD 4.000 millones, además de generar entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al comercio, la construcción, el transporte y la logística.

El texto sostiene que la ley vigente respondió a un contexto económico específico de comienzos de siglo, pero que, transcurridos 25 años, se transformó en una herramienta que restringe la competencia y dificulta el desembarco de nuevos actores comerciales en la provincia. Entre otros argumentos, señala que la normativa ha impedido la instalación de hipermercados y cadenas de distribución en distintas localidades del interior bonaerense, afectando tanto la inversión privada como la creación de empleo formal.

Uno de los aspectos destacados por los impulsores de la propuesta es el potencial impacto sobre la infraestructura logística. La eliminación de estas restricciones podría acelerar la construcción de más de dos millones de metros cuadrados de depósitos, centros comerciales y obras complementarias, además de impulsar nuevos nodos de distribución capaces de reducir costos operativos y mejorar el abastecimiento regional.

Las oportunidades de desarrollo aparecen especialmente concentradas en ciudades estratégicas del interior, como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás. También podrían beneficiarse diversos corredores logísticos vinculados a la actividad agroindustrial, portuaria y manufacturera.

Desde una perspectiva económica, la propuesta se inscribe en una tendencia observada en distintas provincias argentinas que buscan simplificar regulaciones para atraer inversiones y fortalecer la competitividad territorial. En ese marco, sus promotores consideran que Buenos Aires necesita actualizar normas que fueron diseñadas para una realidad económica muy diferente a la actual.