El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica conducido por Augusto Costa, inició una actuación de oficio e imputó formalmente a la empresa de comercio electrónico y servicios financieros Mercado Libre. La medida administrativa se fundamenta en la detección de presuntas irregularidades contenidas en los contratos de adhesión y en las condiciones generales de uso que regulan el ecosistema digital de la firma, las cuales podrían configurar violaciones a las normativas vigentes en materia de protección al consumidor.

De acuerdo con las disposiciones notificadas por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, la empresa fundada por Marcos Galperin dispone de un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para formalizar su descargo correspondiente y, eventualmente, formular una propuesta de adecuación o supresión de los apartados contractuales bajo observación. De no sustanciarse la respuesta o mantenerse las observaciones técnicas, el marco regulatorio vigente estipula la aplicación de sanciones económicas con multas que podrían alcanzar un tope de $1.815 millones.

La auditoría de las condiciones contractuales abarcó tanto las pautas de uso generales de la plataforma de comercio como las cláusulas particulares que rigen los préstamos personales, cobros y transferencias de la billetera digital Mercado Pago. Los equipos técnicos de la provincia identificaron más de diez disposiciones contractuales con presuntas transgresiones formales.

Entre los principales ítems observados se destacan los mecanismos que contemplan la aceptación tácita por parte de los clientes ante modificaciones en los contratos, pautas que transfieren la totalidad de la responsabilidad civil y penal al usuario frente a accesos indebidos o eventos de fraude, y determinaciones de cargos tarifarios carentes de precisión previa. Asimismo, el dictamen provincial cuestionó las reservas de indemnidad establecidas en favor de la compañía, las exenciones anticipadas de responsabilidad jurídica, las autorizaciones para efectuar débitos automáticos sobre cuentas bancarias de terceros y la fijación de prórrogas de jurisdicciones judiciales que podrían condicionar el acceso a la justicia de los consumidores bonaerenses.

En paralelo al análisis normativo, las autoridades provinciales relevaron las métricas de conflictividad sectorial. Según los registros estadísticos del Ministerio de Producción, la empresa acumuló un consolidado de 2.396 reclamos individuales durante el primer cuatrimestre del año 2026, posicionándose en la ventana de control como la firma con mayor cantidad de presentaciones en el distrito bonaerense. Los expedientes tramitados se asocian de forma prioritaria a denuncias por fraudes electrónicos, extravío de encomiendas, dificultades operativas para procesar devoluciones de dinero y obstáculos para ejercer el derecho legal de arrepentimiento de compra.

Ante las consultas correspondientes, desde las áreas de Asuntos Públicos y Legales de Mercado Libre desestimaron las imputaciones y precisaron que la resolución provincial representa una instancia inicial de revisión de carácter puramente administrativo, descartando la vigencia de sanciones efectivas inmediatas. Los voceros corporativos ratificaron que presentarán los descargos y aclaraciones técnicas en tiempo y forma, al tiempo que defendieron la estructura formal de sus plataformas, argumentando que los términos y condiciones de uso resultan transparentes y se encuadran rigurosamente en la legislación nacional.

Respecto al volumen de reclamos individuales reportados por la Dirección de Defensa del Consumidor, la empresa relativizó las estadísticas nominales detallando que, al contrastar la cantidad de denuncias con el flujo diario de millones de usuarios activos y el volumen consolidado de transacciones procesadas por el ecosistema Meli, los índices de litigiosidad se ubican dentro de los márgenes técnicos normales y tolerables para el segmento de la economía digital.

Esta auditoría de las autoridades bonaerenses coincide temporalmente con otras controversias regulatorias que la empresa mantiene en el mercado de medios de pago. La plataforma financiera Modo, constituida por el consorcio de más de 30 entidades bancarias públicas y privadas, mantiene activa una presentación ante los organismos de control de la competencia, iniciada en el año 2024, en la que se analizan las condiciones de interoperabilidad y las presuntas prácticas anticompetitivas asociadas a la administración de los códigos QR y las cuentas digitales del sector.