La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de "Ley Hojarasca", una de las reformas centrales diseñadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. La iniciativa, orientada a depurar y simplificar el digesto jurídico argentino mediante la derogación de más de 70 normas obsoletas o en desuso, recibió un respaldo de 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones. De este modo, el texto fue girado al Senado de la Nación, donde el Poder Ejecutivo prevé avanzar hacia su sanción definitiva.

El tratamiento de esta norma formó parte de una agenda legislativa que incluyó el debate sobre la reconfiguración geográfica del régimen de subsidios al gas por "Zona Fría", la aprobación de diversos tratados internacionales y la entrega de distinciones institucionales a veteranos de Malvinas.

Fundamentos de la reforma parlamentaria

Durante el debate en el recinto, los miembros informantes del oficialismo fundamentaron la necesidad de revertir la acumulación histórica de regulaciones para agilizar la actividad del sector privado y resguardar las autonomías individuales. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, contrapuso la calidad legislativa frente a la cantidad de normativas acumuladas, señalando que las regulaciones del Estado deben enfocarse estrictamente en la protección de la vida, la propiedad y los derechos constitucionales, evitando la proliferación de controles administrativos redundantes que interfieren en el desarrollo productivo.

Por su parte, el secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, precisó los criterios técnicos utilizados para la selección de las leyes a derogar. El legislador detalló que el proyecto suprime normativas superadas por legislación posterior, textos vueltos anacrónicos debido al avance tecnológico, disposiciones que afectaban libertades civiles de tránsito y procedimientos vinculados a organismos nacionales que ya no tienen existencia real o financiamiento activo.

Entre los puntos analizados, Mayoraz ejemplificó el caso de la normativa sobre laboratorios públicos, argumentando que se trataba de un marco declamatorio que no modificó la estructura de los centros existentes, los cuales dependen operativamente de las órbitas y recursos provinciales. En la visión del oficialismo, la Ley Hojarasca representa una reforma conceptual orientada a descentralizar las decisiones y consolidar un entorno normativo previsible sin intervenciones estatales sistemáticas.

Posicionamientos de los bloques de la oposición

La propuesta de depuración legal motivó el rechazo de las bancadas de la oposición tradicional y de los bloques de izquierda, quienes cuestionaron el alcance y la oportunidad del proyecto de ley. Desde el bloque de Unión por la Patria se manifestó que la reforma constituye una estrategia discursiva orientada a continuar con la reducción de las capacidades regulatorias del sector público. En una línea similar, representantes del Frente de Izquierda expresaron sus críticas hacia el contenido de las derogaciones, argumentando que el tratamiento de la norma prescindía de un análisis detallado sobre el impacto de cada articulado.

A pesar de los reparos planteados, la convalidación de la mayoría de la Cámara Baja le otorga al Ejecutivo el marco técnico para avanzar en la primera fase de limpieza del ordenamiento jurídico, proyectando el envío de nuevos paquetes de simplificación administrativa una vez completado el circuito legislativo en la Cámara Alta.