En una jornada de intensas negociaciones, el Senado de la Nación aprobó el pliego de unos 80 magistrados y fiscales, desbloqueando vacantes en juzgados de todo el país. La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario tras enviar candidatos para el interior, una moneda de cambio que permitió el avance de figuras con fuertes vínculos en la cúspide del Poder Judicial, como Carlos Mahiques (quien continuará en Casación) y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema.

La confirmación de estos pliegos se da en un clima social de extrema sensibilidad. Según el informe de Rubikon Intel, el 52,2% de los argentinos afirma que nunca apoyaría al Gobierno ante sospechas de irregularidades o beneficios hacia el entorno del poder. En este sentido, la designación de Rosatti hijo, quien subió al primer lugar de la terna tras una entrevista personal a pesar de haber quedado cuarto en antecedentes, reaviva el debate sobre la discrecionalidad en los concursos judiciales.

El contraste con la narrativa de austeridad

Este "guiño" a la familia judicial ocurre en paralelo a episodios de ostentación que han golpeado la imagen oficialista, como la reciente polémica por la camioneta de lujo del diputado Manuel Quintar. Para una base electoral que sufre el ajuste —con un 67% de hogares endeudados para cubrir gastos corrientes según ARESCO—, la consolidación de linajes en el Estado es percibida con creciente recelo.

La aprobación de los pliegos también permite leer el estado de las alianzas políticas:

• Bloques dialoguistas: El PRO y la UCR acompañaron tras la inclusión de juzgados en provincias como Mendoza, Salta y Neuquén.

• Resistencia peronista: Legisladores como Martín Soria cuestionaron la discrecionalidad del sistema, aunque el oficialismo logró imponer su mayoría en los casos más sensibles.

Expectativas y deuda pendiente

Mientras el Senado avanzaba con la Justicia y la regularización de armas, el proyecto para pagar 171 millones de dólares a fondos internacionales naufragó antes de llegar al recinto. Esta cautela legislativa coincide con el desplome de las expectativas a futuro registrado por Opina Argentina, donde el optimismo sobre el rumbo del país bajó del 46% al 29% en cuatro meses.

En conclusión, el ingreso masivo de nuevos jueces intenta normalizar el funcionamiento de un poder clave, pero lo hace bajo la lupa de una ciudadanía agotada. Como advirtió el monitor global de Ipsos, el 71% de los argentinos cree que el país va por el camino equivocado. En este escenario, cualquier percepción de "acomodo" en la justicia —un sector que para el 39% de la gente requiere reformas urgentes según DC Consultores— amenaza con acelerar el desgaste de un Gobierno cuya aprobación ya se sitúa en el 35%.