El manejo de los fondos en las empresas públicas vuelve a quedar bajo la lupa de la Justicia. El fiscal federal Ramiro González imputó formalmente a Demian Ernesto Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., e inició una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la firma estatal entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La causa, originada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, también alcanza a los integrantes del Directorio y la Sindicatura por la presunta omisión de sus deberes de control. Según el dictamen fiscal, el análisis preliminar de la cuenta corporativa N°338402 revela erogaciones que, prima facie, serían "ajenas al objeto social y a la finalidad institucional" de la empresa dedicada a la generación de energía nuclear.

Gastos bajo sospecha y falta de rendición La investigación tomó impulso tras un pedido de acceso a la información pública que dejó al descubierto un reporte de consumos en pesos y dólares. Los puntos más críticos señalados por el fiscal incluyen:

• Anonimato en las operaciones: La documentación aportada no identifica al usuario responsable de cada gasto ni aclara si se utilizó un plástico único o adicionales.

• Ausencia de comprobantes: No existe una rendición documentada que justifique el destino institucional de los movimientos observados.

• Incompatibilidad con viáticos: González advirtió que, incluso en casos de viajes oficiales, los montos detectados podrían violar el régimen normativo vigente para funcionarios públicos.

Impacto en el clima de transparencia Este escándalo estalla en un momento de extrema sensibilidad social respecto a la ética pública. Según el reciente estudio de Innova, el 60% de los argentinos ya percibe a la gestión nacional como "corrupta" y el 55% como "ineficiente". Asimismo, el informe de DC Consultores resalta que la "corrupción e inseguridad política" es identificada por el 51,9% de la población como el principal freno al desarrollo del país.

Como primeras medidas, la Fiscalía solicitó identificar a todos los usuarios autorizados de la cuenta y requirió información bancaria detallada de cada comercio e importe operado. La imputación de Reidel —quien fuera una figura de confianza en el esquema de asesoría presidencial— añade presión sobre el discurso de transparencia oficial en un marco donde la sociedad, como indica el "Contrato de Resiliencia", exige ejemplaridad a cambio del esfuerzo económico que viene realizando.