El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.775) sumó un nuevo giro legal a favor de la estrategia del Ejecutivo. El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, otorgándole además efecto suspensivo.

Esta decisión judicial implica que la medida cautelar que obligaba al Estado a ejecutar los fondos queda sin efecto de manera provisoria. Ahora, la resolución final sobre la validez de la ley y su financiamiento quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá expedirse sobre el amparo presentado originalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El eje de la disputa: las fuentes de fondos Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello recordaron que, mediante el Decreto 759/25, se promulgó la ley pero su ejecución quedó condicionada. El argumento oficial sostiene que el Congreso debe determinar con precisión las fuentes de financiamiento antes de que el Tesoro realice los desembolsos, para no afectar el equilibrio fiscal.

Este freno judicial llega en un momento de alta sensibilidad para el sector. Según el reciente informe de Innova, la percepción de "ineficiencia" y "corrupción" en la gestión pública alcanza al 55% y 60% respectivamente, mientras que el estudio de CB Global Data muestra que la educación y los salarios son temas que empiezan a ganar peso frente a la desaceleración de la inflación.

Con la cautelar suspendida, las universidades nacionales entran en una etapa de espera institucional, mientras el Gobierno nacional gana tiempo técnico para sostener su política de control de gastos en el marco de lo que DC Consultores define como el "Contrato de Resiliencia" de la sociedad con el ajuste.