La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo en su estrategia para obtener la autarquía presupuestaria. Tras el anuncio realizado la semana pasada, el presidente del tribunal, Sergio Gabriel Torres, y el vicepresidente, Daniel Soria, entregaron formalmente el proyecto de ley a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

La iniciativa no es solo un movimiento de la cúpula judicial, sino que llega a la Legislatura con un respaldo corporativo total. El texto cuenta con el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Incluso recibió la adhesión de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), posicionando a la provincia en el centro de un debate nacional sobre la independencia de los poderes judiciales.

Salarios y vacantes: los puntos de conflicto El avance de la Corte no está exento de tensiones políticas. Junto con la autarquía, el ministro Torres volvió a poner sobre la mesa dos reclamos que incomodan al gobierno de Axel Kicillof:

1. Retraso salarial: La Corte denunció que los sueldos en la justicia bonaerense registran un retraso cercano al 50% en comparación con el fuero federal.

2. Vacantes en el tribunal: Se urgió la cobertura de las cuatro plazas vacantes que hoy limitan el funcionamiento pleno del máximo órgano judicial.

La respuesta del Ejecutivo El planteo generó "ruido" inmediato en la administración provincial. Desde el entorno del Gobernador señalaron que la designación de nuevos ministros para la Corte se realizará en los tiempos que el Ejecutivo considere oportunos, rechazando la presión del tribunal.

Este conflicto se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad económica, donde el reciente informe de Innova marcó que los salarios son la principal preocupación social y los reportes de CB Global Data muestran una polarización extrema en la valoración de las gestiones públicas. Mientras la Corte busca blindar sus recursos frente a la inflación y el ajuste, la Provincia intenta retener el control sobre el diseño del gasto en un año marcado por la incertidumbre financiera.