En un giro determinante para la política económica del Gobierno, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar que mantenía suspendidos los puntos neurálgicos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802). La decisión judicial restablece la plena vigencia de la norma sancionada el pasado 27 de febrero, permitiendo que los cambios en la contratación y el cese laboral se apliquen en todo el territorio nacional.

El presidente Javier Milei celebró la resolución a través de sus redes sociales, asegurando que la normativa es una pieza clave para "el crecimiento que se viene". Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó que la apelación del Estado con "efecto suspensivo" elimina los obstáculos que había interpuesto inicialmente la CGT ante el juzgado del Dr. Raúl Ojeda.

Los puntos clave que entran en vigencia

La caída de la cautelar activa de inmediato transformaciones profundas en el día a día de las empresas y los trabajadores:

• Indemnizaciones y Fondo de Cese: La base de cálculo se limita a la remuneración mensual habitual (excluyendo aguinaldo y vacaciones). Se habilita la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y los fondos de cese por paritarias, que sustituyen la indemnización clásica por un sistema de capitalización individual.

• Período de Prueba: El plazo general de evaluación se extiende a seis meses, y llega a ocho meses en microempresas de hasta cinco empleados. Durante este tiempo, el despido no genera derecho a indemnización.

• Banco de Horas: Empresas y empleados podrán pactar por escrito la compensación de horas extraordinarias con francos o bancos de tiempo, siempre respetando el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

• Blanqueo y Multas: Se eliminan las sanciones por empleo no registrado de la Ley 24.013, buscando incentivar la regularización de trabajadores mediante la exención de penalidades para los empleadores.

Vacaciones y Digitalización

En cuanto al descanso anual, si bien se mantiene el ciclo de octubre a abril, se otorga libertad para pactar fechas diferentes y fraccionar las vacaciones en períodos de al menos siete días. Además, la gestión administrativa se simplifica: el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la herramienta única, permitiendo la digitalización total de los libros laborales.

Con este fallo, el Gobierno logra destrabar uno de sus pilares legislativos más cuestionados por el sindicalismo. La justicia ahora pone el foco en la agilidad de los pleitos y la reducción de la litigiosidad, mientras que las pymes celebran la posibilidad de financiar condenas judiciales en hasta doce cuotas mensuales, una medida que busca evitar el cierre de unidades productivas ante conflictos laborales.