El esquema de subsidios energéticos suma una nueva herramienta de ajuste discrecional. El Gobierno nacional, mediante el decreto 266/2026, habilitó al Ministerio de Economía a elevar hasta un 11,25% el recargo que se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este umbral, que anteriormente tenía un tope del 7,5%, es el que financia los cuadros tarifarios diferenciales para los residentes de las denominadas "zonas frías".

La disposición permite que el área comandada por Luis Caputo aumente o disminuya este cargo hasta en un 50% según criterios de administración. La decisión responde a una urgencia fiscal: según fuentes oficiales, el fondo fiduciario actual es deficitario y la recaudación previa no alcanzaba para cubrir la demanda de los 4,3 millones de usuarios beneficiados en la Patagonia, la Puna, Malargüe y otras 231 localidades del país.

El único fondo que sobrevivió al FMI

Un dato clave de esta medida es el estatus político del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. En la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2026, el Gobierno se comprometió a no disolver este fideicomiso, a diferencia de otros fondos que fueron eliminados. Sin embargo, el objetivo oficial es hacerlo autosustentable para que deje de ser una carga para el Tesoro.

Desde la Secretaría de Energía argumentan que el régimen actual es "regresivo e injusto", ya que otorga el subsidio (que llega hasta el 50% de la factura) basándose en la residencia geográfica y no en el nivel de ingresos de los habitantes. No obstante, al ampliar el recargo sobre cada metro cúbico comercializado en la red nacional, el costo de sostener este beneficio recaerá sobre la totalidad de los usuarios del país, sin distinción de zona.

Impacto en las facturas y control de ARCA

Si bien la facultad de aumento es inmediata, desde el Palacio de Hacienda aclaran que la aplicación podría no ser automática el próximo mes. El objetivo es tener la "llave" para reacomodar los recursos sin necesidad de nuevos decretos presidenciales. Además, se confirmó que la recaudación y el control de estos fondos quedarán bajo la órbita de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con esta normativa, el Gobierno busca una "mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas", asegurando el flujo de recursos para las provincias del sur y las zonas serranas, pero trasladando el costo del déficit a la tarifa final que pagan comercios, industrias y hogares en el resto del territorio nacional.