El esquema de reforma de la asistencia social impulsado por el Ministerio de Capital Humano sufrió un importante freno en los tribunales. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional abstenerse de dar de baja las prestaciones del programa “Volver al Trabajo”, garantizando la continuidad de los pagos mensuales.

La decisión judicial surge a partir de un amparo colectivo presentado por trabajadores que denunciaron la finalización abrupta de la asistencia sin la implementación de un sistema de reemplazo equivalente. El magistrado —quien ya ha intervenido en causas sensibles como el cumplimiento de la Ley de Discapacidad— consideró que el carácter alimentario de la prestación hace que su interrupción comprometa necesidades básicas y derechos económicos fundamentales de los sectores más vulnerables.

Impacto en La Plata y el nuevo sistema de vouchers

La medida del Gobierno, ahora en suspenso por la Justicia, pretendía reemplazar los actuales planes de $78.000 mensuales por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Este cambio de enfoque implicaba una contracción inmediata de ingresos para cerca de 900 mil personas en todo el país, de las cuales unas 38 mil residen en La Plata.

Especialistas advierten que, de ejecutarse el recorte, el impacto se sentiría con fuerza en las zonas periféricas de la capital bonaerense, donde estos ingresos representan el motor principal del consumo minorista. Los demandantes explicaron ante la Justicia que, en la mayoría de los casos, este programa constituye su "principal o único ingreso", por lo que el paso a un sistema condicionado a cursos de capacitación sin una transición clara ponía en riesgo su subsistencia.

Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano queda obligado a mantener las transferencias mientras se resuelve la cuestión de fondo. La cautelar pone en relieve la tensión entre el objetivo oficial de "auditar y eficientizar" la ayuda social y el deber constitucional de proteger el derecho a la alimentación y la inclusión sociolaboral en un contexto de alta fragilidad económica.