Los datos procesados por la Universidad de San Andrés en su reciente encuesta de satisfacción política muestran que, tras los primeros meses del año, la sociedad argentina mantiene una postura de fuerte polarización frente a las reformas estructurales del Ejecutivo. El informe, que relevó mil casos en todo el país durante marzo, funciona como el termómetro más preciso para entender la viabilidad social de los proyectos que hoy se debaten en el Congreso.

El punto de mayor consenso para el oficialismo sigue siendo la seguridad. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad registra un 68% de acuerdo, un apoyo que atraviesa diferentes sectores políticos y sociales. Esta cifra le otorga al Gobierno un "oxígeno" importante en la opinión pública, funcionando como un pilar de su capital político actual.

La reforma laboral: el principal escollo Sin embargo, el escenario cambia drásticamente al analizar la agenda económica. La reforma laboral se ha consolidado como la medida más controversial, cosechando un 59% de rechazo. El estudio destaca que esta resistencia está fuertemente estructurada por la orientación política, pero empieza a mostrar fisuras en sectores que antes acompañaban al oficialismo. De igual manera, la modificación de la Ley de Glaciares enfrenta una oposición del 52%, reflejando una sensibilidad ambiental que no cede ante la narrativa del desarrollo económico.

Desgaste en la mesa chica Un dato clave de esta última medición es el impacto de la gestión en la imagen de los funcionarios más expuestos. Karina Milei y el vocero Manuel Adorni presentan balances de imagen negativos (-50% y -32% respectivamente), a pesar de contar con niveles de conocimiento que superan el 90%. Esto sugiere que la presencia constante en los medios y redes sociales está generando un fenómeno de saturación en el electorado no convencido.

En cuanto al clima general, el 52% de los consultados evalúa de forma negativa el discurso del Presidente, lo que indica que el estilo de confrontación sigue siendo efectivo para fidelizar al núcleo duro, pero levanta un muro con el resto de la sociedad. Con estos números sobre la mesa, el desafío para el Gobierno en este mes de abril será encontrar la forma de avanzar con su agenda legislativa sin que la resistencia a la reforma laboral termine erosionando el sólido apoyo que aún mantiene en materia de seguridad.