El sistema de transporte público por automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una de sus crisis más agudas de los últimos años. Según un informe técnico de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), las operadoras registran una pérdida diaria de 370 millones de pesos. El desfasaje financiero se origina en la cotización del gasoil, cuyo valor de mercado ha superado ampliamente los montos que el Estado nacional reconoce en su estructura de costos para el cálculo de subsidios.

Actualmente, el combustible representa el 20% de los costos operativos de una empresa de transporte. El conflicto radica en que la Secretaría de Transporte de la Nación mantiene congelados los valores de referencia en niveles de enero de 2026, mientras que en el canal mayorista el litro de gasoil ya cotiza en torno a los $2.444. Esta situación se ve agravada por la inestabilidad en el mercado energético mundial producto de los conflictos en Medio Oriente, que han empujado el precio del crudo al alza.

Impacto en las frecuencias y multas

Ante la falta de liquidez, las cámaras empresarias implementaron una "readecuación operativa de emergencia", que en la práctica se traduce en menos colectivos en la calle y mayores tiempos de espera para los pasajeros. Los empresarios aclaran que no se trata de una medida de fuerza gremial, sino de una imposibilidad física: no cuentan con los fondos necesarios para llenar los tanques de toda la flota, que demanda más de un millón de litros diarios.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha mantenido una postura de máxima rigidez. A través de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), se ordenó labrar actas de infracción a las líneas que no cumplan con los horarios establecidos. Las multas podrían ser millonarias y, en casos de reincidencia persistente, el Ejecutivo evalúa la caducidad de los permisos de explotación de las empresas que retiren unidades del servicio.

La intervención de la Provincia

En territorio bonaerense, la preocupación es extrema. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, advirtió sobre el inminente riesgo de quiebra de las prestadoras locales. Para evitar que la crisis derive en un lockout patronal o una parálisis absoluta que afecte la productividad de la región, la administración de Axel Kicillof decidió adelantar el 60% de los subsidios correspondientes al mes de abril.

Este auxilio financiero busca dar un respiro temporal a las empresas, aunque desde el sector advierten que sin una actualización de fondo del "Costo Base" por parte de la Nación, la degradación del servicio será irreversible. Con un déficit mensual que ya roza los $89.000 millones, el sistema no solo enfrenta problemas de operatividad inmediata, sino que ha frenado por completo la renovación de flotas, lo que impactará a mediano plazo en la seguridad y el confort de los pasajeros.