En un plenario cargado de tensión política y posturas encontradas, el oficialismo logró hoy firmar dictamen de mayoría para un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, sectores de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, sumando un total de 77 firmas.

En contraste, el dictamen de Unión por la Patria, que mantiene la imputabilidad en los 16 años, quedó relegado. Durante la reunión, la diputada Laura Rodríguez Machado oficializó la presentación del despacho respaldado por la mayoría.

La propuesta surgió tras ocho encuentros en los que expusieron especialistas de la sociedad civil y la Justicia, en su mayoría críticos de la baja, aunque sus argumentos no lograron frenar el avance del texto consensuado por el oficialismo y sus aliados.

Desde el kirchnerismo intentaron bloquear el dictamen con maniobras como el reemplazo de diputados del massismo que apoyaban la baja, y una moción del jefe del bloque, Germán Martínez, para posponer la firma, que fue rechazada.

Garantías, resocialización y cambios al texto original

La diputada radical Roxana Reyes celebró que la reforma apunte a una función “resocializadora, educativa y de contención”, y subrayó que el proyecto prevé penas y medidas alternativas, además de la figura de un acompañantepara los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, aclaró que el texto final “no tiene nada que ver” con el proyecto original del Ejecutivo, que en su momento proponía bajar la edad a 13 años. Frente a las críticas de la Iglesia, sostuvo que se incorporaron importantes garantías procesales para jóvenes entre 16 y 18 años, incluyendo defensa en juicio, derecho a ser oídos y debido proceso.

“Hoy si un menor de 14 años delinque, nada puede hacer el Estado por él. Con este proyecto va a poder ser oído y tener medidas socioeducativas que lo contengan. Hoy el Estado está ausente”, sentenció Campagnoli.

Críticas desde la izquierda y el kirchnerismo

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo tildó la propuesta de “bomba de humo” y advirtió que bajar la edad no reduce los delitos juveniles, sino que puede aumentarlos. “Se quiere transformar a niños y adolescentes en chivos expiatorios”, denunció.

El legislador del PTS lamentó que en lugar de garantizar derechos básicos como vivienda, educación y salud, se ponga el foco en cómo encerrarlos. Una mirada similar sostuvo el diputado kirchnerista Matías Molle, quien acusó a los impulsores del proyecto de buscar un golpe de efecto mediático.

“Esto es una obra de teatro para tener un titular en plena campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un lindo gol para cantar”, ironizó, y remarcó que no hay presupuesto para implementar el nuevo régimen.

El peronista José Glinski directamente calificó el tratamiento como “una farsa” con fines propagandísticos: “Usan argumentos garantistas para defender la baja. La hipocresía es total”, disparó.

Un enfoque intermedio

Desde el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal apoyó el dictamen, pero se desmarcó del discurso punitivista que circuló desde sectores oficialistas. “Este dictamen rechaza el eslogan de ‘delito de adulto, pena de adulto’. Eso no está en el texto”, aclaró.

Explicó que la prisión efectiva solo podrá aplicarse a penas mayores a 10 años, es decir, para delitos gravísimos, mientras que en los casos de menor gravedad se privilegian medidas no carcelarias.