La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso presentado por la Fundación Apolo y ordenó reabrir la causa contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores en territorio argentino, durante su estadía como asilado político. Además, el tribunal reconoció a la Fundación como parte querellante en el expediente, revocando así la decisión del juez de primera instancia que había rechazado ambas solicitudes.

«La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política», sostuvo Yamil Santoro, director de Apolo, legislador porteño y querellante en la causa.

Las resoluciones se dieron a conocer este lunes. Por un lado, la Cámara consideró que el archivo de la causa fue "prematuro" y que la denuncia original, junto con su ampliación, aporta información concreta que amerita ser investigada a fondo. Por el otro, valoró la trayectoria y el objeto social de la Fundación Apolo, vinculada a la defensa de los derechos humanos, para admitirla como querellante y permitirle ejercer un rol activo en la investigación.

La ONG anticorrupción había denunciado a Evo Morales por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que sancionan la trata de personas, además de otros delitos conexos. Según testimonios, el exmandatario habría recibido menores de edad durante su permanencia en Argentina en 2019, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, declaró en Bolivia pero nunca fue citada por la Justicia argentina, lo que motivó el planteo de Apolo para reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba claves.

«Este fallo es un avance importantísimo. La Cámara nos dio la razón: no solo hay indicios suficientes para investigar, sino que además reconoció nuestro rol en la defensa de las víctimas», refirieron desde Apolo.

Con estas resoluciones, la causa vuelve a instrucción y la Fundación Apolo queda habilitada para impulsar diligencias, presentar nuevas pruebas y velar por el avance de la investigación en los tribunales federales.