El actual legislador liberal y candidato a renovar su banca, Yamil Santoro y el abogado José Lucas Magioncalda; presentaron una ampliación de la denuncia contra Elías Piccirillo, basada en nuevos elementos probatorios que indican su presunta participación en una estructura delictiva destinada a la defraudación del Estado Nacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos de extrema gravedad.

El texto judicial amplía la denuncia inicial que la ONG anticorrupción realizó en diciembre de 2023 sobre las irregularidades en el S.I.R.A. (Sistema de Importaciones de la República Argentina). En esa oportunidad, se solicitó que se investigue el funcionamiento del sistema por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a la autorización de importaciones y la obtención de dólares a precio oficial para su posterior comercialización en el mercado paralelo. Ahora, con nueva evidencia, se identifica a Piccirillo como parte central de este esquema fraudulento.

Durante un programa periodístico, se reveló información clave sobre un mecanismo de fraude aduanero y cambiario que involucraría a Piccirillo. En esa emisión se describió cómo operaba un esquema de simulación de importaciones mediante la manipulación del S.I.R.A., permitiendo el acceso a dólares a precio oficial para su posterior comercialización en el mercado paralelo. Esta operación generó un perjuicio directo al Estado y constituyó el delito de defraudación a la administración pública (Art. 174 inc. 5° del Código Penal).

«Cuando presentamos la primera denuncia sobre el SIRA advertimos que se trataba de un sistema diseñado para la discrecionalidad y la corrupción. Con esta ampliación, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo», manifestó Santoro. Las investigaciones periodísticas también sugieren que Piccirillo actuó con la complicidad de funcionarios de alto nivel, que podrían incluir a autoridades de Aduana y del Banco Central, quienes podrían haber facilitado el acceso irregular a las divisas. Estos indicios refuerzan la hipótesis de una asociación ilícita (Art. 210 del Código Penal).

En ese sentido, se señala que Piccirillo utilizó los fondos obtenidos de manera fraudulenta para adquirir en junio de 2023 el 19% de las acciones de Valle Fértil S.A., controlante del Banco Sucrédito, con una fuerte presencia en Tucumán. Además, en un allanamiento en la residencia de su suegra se halló un documento que detalla un gasto de 206 millones de pesos en su casamiento con Jesica Cirio, financiado presuntamente con recursos de una fundación que él mismo presidía. Estos hechos encuadran en los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Art. 303 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal).

«Estamos ante un caso de una gravedad institucional sin precedentes, donde un entramado de funcionarios y empresarios montó un esquema de desfalco al Estado. Exigimos una investigación profunda y que la justicia actúe con celeridad», cerró el candidato de Unión Porteña Libertaria.

Ante la gravedad de los hechos, se solicitaron las siguientes medidas judiciales:

*Requerimiento de los registros accionarios de Valle Fértil S.A. y Banco Sucrédito.
*Informes a la Inspección General de Justicia sobre la fundación presidida por Piccirillo.
*Acceso a las operaciones cambiarias registradas en el Banco Central entre 2022 y 2024.
*Investigación por parte de la AFIP sobre las operaciones de importación de empresas vinculadas.
*Solicitud de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
*Allanamiento del domicilio fiscal de Piccirillo y de la sede de la fundación para recabar documentación contable y bancaria.