Argentina sufrió un nuevo traspié judicial en Estados Unidos luego de que un grupo de acreedores ejecutara un embargo por US$ 209 millones. La medida se tomó en el marco del juicio por bonos emitidos a principios de los 90 y defaulteados en 2001, en el cual la jueza Loretta Preska autorizó la ejecución de activos estatales tras el rechazo de la Corte Suprema de EE.UU. a la apelación del país.

El fondo Attestor Master Value informó que tomó posesión de estos activos como compensación por la deuda impaga. El embargo se realizó sobre fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, correspondientes al colateral de los Bonos Brady, los cuales vencieron en 2023 tras más de dos décadas en default.

Según detalló en la red social X el analista Sebastián Maril, experto en litigios contra el Estado argentino, la decisión de Preska se basó en la imposibilidad de Argentina de revertir el fallo adverso en instancias superiores.

Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos con fallos favorables impagos por un total de US$ 460 millones. Con esta ejecución, la deuda pendiente por este litigio se redujo a US$ 251 millones.

El caso recuerda a otro golpe reciente para el país: el mes pasado, bonistas que demandaron a Argentina en Londres por el pago del cupón PBI lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones, depositada como colateral en un intento de apelación.

Además, el Bainbridge Fund, otro acreedor con reclamos similares, intentó sumarse al embargo de los Bonos Brady, aunque la jueza Preska rechazó su pedido de congelar todos los fondos y solo permitió avanzar sobre US$ 100 millones.

Con este nuevo revés judicial, Argentina enfrenta mayores dificultades para cerrar los frentes legales abiertos en el exterior, mientras continúa buscando financiamiento en los mercados internacionales.