Tras el fallo de la Justicia porteña que ordenó el traslado de presos condenados a cárceles federales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó la medida y respondió con dureza a la administración de Jorge Macri.

“La administración nacional no va a aceptar coerción directa ni indirecta”, advirtió Bullrich en una nota oficial, en la que criticó que el juez Juan José Circo resolviera el habeas corpus sin convocar al Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales”, subrayó.

La funcionaria sostuvo que la Justicia porteña se está extralimitando en sus fallos sobre espacios federales y, en caso de constatarse violaciones de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, debería obligar al gobierno porteño a alojar a los detenidos en su propio sistema de alcaidías.

Bullrich también acusó a Macri de “filtrar maliciosamente información falsa” a la prensa y de impulsar el habeas corpus para forzar el ingreso masivo de presos al sistema federal, lo que consideró “imposible” por la falta de plazas en cárceles nacionales. En ese sentido, responsabilizó a la Ciudad por el incumplimiento en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

“Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”, sentenció Bullrich, y recordó que desde el 10 de diciembre de 2023 el SPF recibió más de 5000 internos que cometieron delitos en la Ciudad.

En su descargo, la ministra detalló que el Gobierno Nacional aumentó el cupo de ingreso semanal de 60 a 90 presos y ofreció 100 plazas en el interior del país y 50 adicionales para ofensores sexuales, de las cuales la Ciudad solo utilizó el cupo de 90.

Además, reveló que el 10 de abril de 2024 se propuso al Gobierno porteño construir módulos carcelarios para 400 internos, ampliables a 600, en terrenos federales. “Esta propuesta fue absolutamente rechazada”, afirmó. Luego, se ofreció ampliar la capacidad a 1000 plazas, con la condición de que la Ciudad cubriera el 50% de los costos, pero “ni siquiera fue contestada”.

Bullrich cifró en 11.500 los detenidos en el sistema penitenciario federal, de los cuales 6000 corresponden a la Ciudad y le cuestan al resto del país $156.639.750.000 anuales. “Un ciudadano de Santa Fe paga por el SPF, por el sistema provincial y también por los presos de la Ciudad”, cuestionó.

Por último, recordó que desde 2016 la Ciudad está en condiciones de crear su propio Servicio Penitenciario, pero no lo hizo. “Hace nueve años podría haberlo creado. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera”, concluyó.