El Gobierno nacional anunció que auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral tras detectar que el 80% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos exigidos. La iniciativa estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI.

En la última auditoría realizada en diciembre de 2024, las autoridades descubrieron que la mayoría de los beneficiarios no padecía las afecciones que había declarado. Entre los hallazgos más alarmantes, se identificaron 212 pensiones cobradas por personas privadas de su libertad y 150 asignadas a fallecidos, que fueron dadas de baja de inmediato.

Esta nueva revisión se enmarca en el plan oficial para fortalecer los controles sobre las prestaciones otorgadas por el Estado, como parte de una actualización de los criterios para determinar la invalidez laboral. Según el Boletín Oficial, el Ejecutivo fundamentó la medida en que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades”.

Estos baremos establecen criterios cualitativos para medir el deterioro psicofísico de los beneficiarios. Desde el Gobierno explicaron que la normativa permite "clasificar cada grupo de afecciones según su impacto en la capacidad laboral, evaluable como suficiente, baja o nula".

En una primera etapa, los equipos del PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad llevarán a cabo un análisis detallado de cada caso, complementado con evaluaciones médicas en territorio. Una vez procesada la información, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde mantener o suspender el beneficio.