En el marco de su política de ajuste fiscal, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, anunció un endurecimiento del régimen de empleo público. A través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial, se oficializó la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público nacional, junto con la implementación de medidas que buscan achicar la planta estatal.

El Decreto 1148/2024 establece:

• Suspensión de ingresos: Quedan prohibidas las designaciones y contrataciones de personal en todas las jurisdicciones del sector público nacional, salvo excepciones específicas.
• Duración máxima de contratos: Ninguna contratación podrá extenderse más allá del 30 de junio de 2025.
• Sistema "3x1": Cada nuevo ingreso requerirá previamente la desvinculación de tres empleados.

El Decreto 1149/2024 introduce el examen de idoneidad como un requisito obligatorio para ingresar al Estado. Los aspirantes deberán aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias que se llevará a cabo en diciembre de 2024.

Las medidas excluyen a sectores considerados estratégicos, como:

• Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Universidades.
• Servicio Exterior de la Nación.
• Guardaparques Nacionales.
• Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
• Profesionales de la salud en establecimientos hospitalarios y de investigación dependientes del Ministerio de Salud.

Durante 2024, el recorte en el empleo público se tradujo en la desvinculación de 36.000 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera:

• Administración centralizada y descentralizada: 21.408 cesantías.
• Fuerzas Armadas y de Seguridad: 2.577 despidos.
• Empresas del Estado: 11.951 despidos.

Además, en diciembre se registraron 2.200 desvinculaciones en el Ministerio de Justicia, en su mayoría personal bajo los contratos ACARA, y más de 100 empleados fueron despedidos de la Defensoría del Público, organismo que el Ejecutivo busca eliminar.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el ajuste y defendió la reducción de la planta estatal al sostener que “menos gasto público significa menos impuestos y más capacidad de gasto para el sector privado. Es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños”.

La implementación de estas medidas generó fuertes críticas de sindicatos y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto en el empleo y la calidad de los servicios públicos. Por su parte, el Gobierno considera estas acciones clave para lograr el equilibrio fiscal y fomentar el crecimiento del sector privado.