La Fundación Apolo denunció ante la Justicia a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por el presunto delito de “defraudación contra la administración pública”, tipificados en los artículos 172 y 174 del Código Penal, y pidió que se apliquen “las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas” que se le atribuyen. La presentación judicial, que lleva las firmas del legislador porteño Yamil Santoro y el abogado José Magioncalda, con el patrocinio del letrado Ignacio Falcón; se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a residir habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo informado, Fernández de Kirchner habría recibido un suplemento correspondiente a la "zona austral", destinado a quienes habitan en regiones patagónicas, como parte de su asignación vitalicia. Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de 6 millones de pesos al momento de su suspensión, afectando de manera directa a las arcas públicas. Además, funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que habrían permitido el otorgamiento de dicho suplemento también son señalados en la denuncia, por su posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos y acusados de “malversación de caudales públicos”.

La ONG líder en la lucha anticorrupción solicitó a la Justicia que investigue si estos hechos configuran un delito doloso contra el Estado y que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la irregularidad. Asimismo, pidió que se tomen las medidas necesarias para recuperar los pagos indebidos y resarcir el daño económico ocasionado al patrimonio público.

Cabe recordar que Santoro, junto a la diputada Graciela Ocaña, habían denunciado en agosto de este año al Director de la ANSeS, Mariano de los Heros, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y por la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos. En el escrito también solicitaron que ambos reclamos se unifiquen en un sólo expediente, para facilitar su seguimiento administrativo.