La Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo al Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la rescisión inmediata del convenio marco registrado bajo el número M.J. y D.H. No 1797, celebrado el 17 de septiembre de 2012 entre la cartera mencionada y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El documento lleva las firmas del legislador porteño y director general de la Fundación, Yamil Santoro; del jefe del equipo legal de la misma, José Magioncalda; y del abogado Juan Martín Fazio.

El mencionado convenio delega en ACARA la designación de los miembros del Consejo de Administración del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera, el cual se compone de los ingresos derivados del cobro de servicios registrales relacionados con automotores. Según el convenio, ACARA percibe el 3,5% de los ingresos anuales obtenidos, tras deducir los costos directos, lo que la ONG de lucha contra la corrupción considera un privilegio inexplicable y lesivo para la libre concurrencia y la transparencia.

Los controles sobre la administración del fondo, según denuncia Apolo, son insuficientes y dependen del propio Ministerio de Justicia, parte contratante del convenio. Además, ACARA obtuvo la administración del fondo sin pasar por un proceso de licitación pública, algo que “distorsiona los precios de mercado y va en contra de las políticas de desregulación y digitalización impulsadas por el Estado Nacional”.

En los considerandos del DNU 70/2023, el Poder Ejecutivo destacó la necesidad de eliminar restricciones que distorsionen los precios y dificulten la libre iniciativa privada. En este marco, la Fundación Apolo considera que la continuidad del convenio con ACARA es incompatible con la normativa vigente que promueve un sistema económico basado en decisiones libres y la digitalización integral de los trámites.

Por todo esto, la ONG solicita al Ministro Cúneo Librarona que haga uso de la cláusula vigésimoquinta del convenio marco, la cual permite la rescisión unilateral sin cargo alguno para el Estado Nacional, y proceda a rescindir el convenio con ACARA, promoviendo así la transparencia, la libre concurrencia y la eficiencia en la administración de los servicios registrales.