El Gobierno ha tomado la decisión de suspender el cobro del programa Potenciar Trabajo a más de 200 beneficiarios debido a posibles incompatibilidades con el empleo público. Esta medida se ha llevado a cabo a través de la Resolución 115/2024, la cual fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles.

La suspensión implica la interrupción del pago del salario social complementario que se venía efectuando a 236 titulares inscritos en el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social (Potenciar Trabajo) debido a irregularidades relacionadas con las condiciones necesarias para recibir dicho beneficio.

De acuerdo a lo expuesto por el Ejecutivo, la incompatibilidad con las normas del programa afecta a personas que tienen empleo público en distintos distritos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Juan, San Luis, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa.

Como consecuencia de estas irregularidades, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, ha solicitado la identificación de las 236 personas de las cuales no hay datos en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), a fin de suspenderlas preventivamente debido a la posible incompatibilidad detectada.

La suspensión del plan es provisoria y tiene una duración de tres meses, al término de los cuales, en caso de no haber reclamos, se procederá con el egreso del Programa, según lo especificado en la Resolución, la cual está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La incompatibilidad fue detectada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), la cual ha remitido a la cartera conducida por Sandra Pettovello oficios mediante los cuales se establecen las nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan el plan Potenciar Trabajo.

Esta nueva baja de beneficiarios se suma a la dispuesta por Capital Humano en febrero, cuando se suspendió a 22,501 beneficiarios del Potenciar Trabajo luego de haber detectado irregularidades que no son compatibles con la condición de vulnerabilidad que deben presentar los integrantes del programa.

El Salario Social Complementario, que dejarán de percibir los titulares con irregularidades, es una prestación económica individual de percepción periódica y duración determinada destinada a satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias, así como a promover la sostenibilidad de las actividades que realizan.

La restricción de la prestación a 236 personas se produce en el contexto del fin de Potenciar Trabajo anunciado días atrás por el Gobierno y la creación del "Programa Volver al Trabajo", que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y del "Programa de Acompañamiento Social", que estará dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además, de acuerdo a un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), los precios de los alimentos aumentaron hasta un 69,7% en la provincia de Buenos Aires, impulsados por los productos de almacén, las frutas, verduras y las carnes.

El rubro que más subió entre los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria fue el de los productos de almacén, con una suba del 75,16%, seguido por las frutas y verduras (68,95%) y las carnes (62,01%).

El relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CAB) que lleva a cabo el ISEPCI en 850 comercios de cercanía de veinte distritos del conurbano bonaerense mostró un aumento del 14,12% en febrero.

En noviembre de 2023, una familia de dos adultos y dos hijos pequeños necesitaba $182.905,48 para alimentarse durante treinta días. Tres meses después, en febrero, la misma familia requirió $310.431,58, lo que representa un aumento de $127.526,10 (+69,72%).

Al considerar los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye un universo más amplio de productos indispensables para la vida cotidiana, como salud, educación, transporte y tarifas del hogar, la misma familia de cuatro integrantes que en noviembre necesitaba $393.243,07, en febrero pasado requirió $665.011,27, lo que implica un aumento de $261.768,20 (66,57%).

Este incremento en los precios de los alimentos impactó en el costo de vida de las familias bonaerenses, quienes han tenido que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas.