Luego de casi tres semanas del inicio del mandato presidencial de Javier Milei, las centrales sindicales, partidos de izquierda y algunos movimientos sociales llevaron a cabo una protesta frente al Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 por el que se establece la desregulación de la economía, una reforma laboral, la derogación de múltiples normativas y con el que se apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

Por su parte, el Gobierno Nacional desplegó el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serán emplo“todas las medidas de disuasión” disponibles. A pesar de ello, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.

Por su lado, la movilización de la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda fue convocada para las 10 en la Plaza Lavalle y terminó pasadas las 13. La presentación judicial realizada la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina debidoa que aún no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se incorporó competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

Con su triunvirato de mando a la cabeza, la CGT hizo lectura de un documento: “El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”.

Al reclamo de inconstitucionalidad de la norma se incorporó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, aseguró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Es importante armar un frente común que permita que el 2 de enero no tengamos despidos en el Estado”, afirmó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando de manera colectiva para frenar los impuestazos y la suba del transporte público en un momento del país donde deberían darnos herramientas para vivir en mejores condiciones”.

Enrelación al “protocolo antipiquetes” desplegado por el Gobierno nacional, el sindicalista sentenció: “Es ilegal”. “En este momento hay una demonización histórica del sindicalismo con provocaciones permanentes de Patricia Bullrich a los movimientos sociales. Esperamos no tener que lamentar un marco represivo”, comentó.

El operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de la Ciudad se centró en contener a los manifestantes y evitar los cortes de calles. Las primeras horas de la marcha, con  una porción de los manifestantes presentes, las únicas vías cortadas eran las calles Tucumán y Talcahuano, la llegada  de militantes bloqueó todos los accesos a la Plaza Lavalle e impidió el tránsito vehicular. Por lo tanto la Gendarmería y la Policía Federal se replegaron y custodiaron el Palacio de Justicia así como otros edificios públicos de la zona. 

Para las 12, entre la militancia sindical explotaban petardos y silbaban cañitas voladoras. En paralelo, un helicóptero de la Policía Federal comenzó a monitorear la zona de Tribunales desde el aire. Los militantes, la mayoría resguardados bajo la sombra de los árboles de la plaza.

Las medidas de fuerza inició una semana después de la movilización por la que organizaciones sociales y sectores de izquierda marcharon hacia la Plaza de Mayo en repudio de las medidas económicas de Milei así como para conmemorar un nuevo aniversario las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se les reclamó a las centrales sindicales la adhesión a los reclamos así como la convocatoria a un paro general.

Luego de la emisión del megadecreto que los gremios se plantaron con el Gobierno Nacional y motorizaron acciones para impedir el avance de las reformas, entre las que se incluyen la modificación de los cálculos indemnizatorios y la limitación del derecho a huelga.

Es por ello que en los últimos días la dirigencia sindical coordinó reuniones con los bloques del PJ en el Congreso para frenar el DNU por la vía parlamentaria. “La posibilidad de convocar a un paro seguramente será parte del análisis en el confederal, pero no sólo eso, también podríamos analizar lanzar un plan de lucha”, sostuvo Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT al hablar con periodistas antes de ingresar al palacio legislativo. “El objetivo es lograr las mayorías para que este decreto no siga adelante”, agregó. Más tarde, los gremios convocaron una reunión con el Comité Central Confederal, donde está previsto que se discutan los pasos a seguir. Es probable que se active un plan de lucha, pero no se definiría una huelga hasta marzo.

En ese sentido, entre las “medidas de disuasión” que el Gobierno dispuso ante la protesta sindical, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, le recordó a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes “se sientan extorsionados para ir a movilizarse”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado “a la reflexión a quienes tienen planes sociales”, al señalar que “el que corta una calle, no cobra”.

El pedido que difundió la presidenta de Pro incluye los nombres de la cúpula directiva de la CGT integrada por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Allí, se solicita la realización de un acto en Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 12 a 13 horas para una cantidad aproximada de 8000 personas. Se estipula que se contará con un seguro de responsabilidad civil por 10 millones de pesos dispuesto por el organismo.

“Un hecho histórico que hace a las formas de llevar a cabo las manifestaciones en espacios públicos”, resaltó la funcionaria en el posteo de su cuenta de X que luego decidió borrar. “El mandato popular está imponiendo un cambio que debemos lograr para que el caos dé lugar al orden y la agresión a la convivencia”, finalizó.