En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el envío de los proyectos de ley al Congreso es “inminente”, teniendo en cuenta que esta semana inician las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente, Javier Milei. Además, envió un dardo a los miembros de ambas Cámaras que tratarán las reformas. “Eligen entre el cambio o seguir obstruyendo”, señaló.

“El objetivo es liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño ha hecho”, añadió el funcionario en relación al paquete de proyectos aunque no dio detalles sobre los contenidos ni especificó el día.

“Este trámite es legislativo y atañe a la responsabilidad de diputados y senadores que eligen entre el cambio o seguir obstruyendo este cambio. Apelamos a la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias”, aseguró el miembro de la administración libertaria.
En ese sentido, el portavoz destacó que el objetivo del Gobierno es “terminar con 100 años de decadencia”, ya que “es parte de lo que los argentinos han votado”.

“En este camino hay argentinos de bien que quieren una Argentina distinta y hay otros que no quieren cambiar”, agregó el funcionario, y apuntó contra quienes anuncian protestas contra las medidas: “Uno entiende quién está a favor del cambio y quiénes se benefician con el statu quo”.

Asimismo Adorni confirmó que se inició una auditoría de todos los planes Potenciar Trabajo con el objetivo de detectar anomalías y designaciones “sin justificación”. “Las irregularidades que hay son múltiples”, justificó el vocero.

“Se acreditó la identidad de más de 8000 personas que cobraron y tenían una relación laboral con alguna dependencia del Estado, además hay 160.000 beneficiarios que habían tenido consumos sin concordancia con alguien que cobra un plan, como viajes al exterior”, comentó el portavoz de Javier Milei y afirmó que el monto que invierte el Estado por esa cantidad de beneficiarios es de $10.000 millones mensuales. El fiscal Guillermo Marijuan es quien lidera la investigación.

Con respecto a los aumentos de estos planes debido a los altos índices de inflación estipulados para los próximos meses, el portavoz aseguró que los planes Potenciar Trabajo (que equivalen la mitad del salario mínimo, vital y móvil, es decir, $78.000 mensuales) están congelados. En los anuncios de emergencia económica del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tuvieron un incremento del 50%, no así con Potenciar Trabajo. En ese contexto, indicó: “Va a haber algún mecanismo de aumento, nuestra prioridad estuvo siempre con los más vulnerables. Hay que esperar el resultado final de la auditoría, el plan social va a seguir una lógica para que tenga utilidad para quien lo recibe”.

En relación al decreto publicado este martes en el Boletín Oficial para achicar el Estado, que implica que miles de empleados queden afuera de la administración pública, Adorni reiteró que los contratos que terminen el 31 de diciembre de 2023 no serán renovados. Además, las altas de este año “entrarán en un proceso de revisión que durará 90 días”.

Según el Decreto 84/2023, los contratos que no registran antigüedad previa al 1° de enero de 2023 automáticamente caerán en los próximos días. A pesar de ello, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso, como los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y los de personas trans o con discapacidad.

Asimismo, Adorni reiteró la intención del Gobierno de trasladar los subsidios a la demanda en lugar de a la oferta y anticipó que “se estaba gestando una reunión” entre el Gobierno y las empresas. “El subsidio a la oferta va en camino a la extinción. Hay mucha inequidad entre el AMBA y el interior”, expresó  y agregó que a partir del 1 de enero se conocerán novedades sobre los cambios en las tarifas.

Este martes, cinco cámaras empresariales de colectivos -nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta)- anunciaron la reducción del 50% del servicio de la mayoría de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la falta de pago de las compensaciones al transporte. La solución que exigen es el aumento de los subsidios o se ajuste la tarifa, lo que desata un nuevo desafío para el Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno estableció la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. “Con esto se termina que un funcionario decida qué podemos importar y qué no”, sentenció el portavoz. “Siempre vamos a confiar más en el privado”, añadió.

Adorni detalló que el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) funciona como un registro y que “no va a haber más vuelta burocrática” e indicó que se abrió un padrón de deudas que los importadores tienen con sus proveedores que estará operativo durante 15 días, con el objetivo de “transparentar”.

Con respecto a la marcha convocada por la central obrera para este miércoles en contra de la “inconstitucionalidad” del megadecreto a los Tribunales de Plaza Lavalle, donde está la Corte Suprema, Adorni dijo que la línea 134 para denunciar extorsiones para ir a marchas sigue abierta: “Estamos observando la organización para mañana”, señaló y ratificó la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Se va a seguir controlando a quienes participen , la estructura con la que se mueven, como en colectivos”, finalizó.