El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno decidió vender dos aviones de YPF, que era empleados una vez por mes por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Tomamos la decisión de concretar la venta de dos aviones de la empresa YPF haciendo ejercicio de nuestra posición en el directorio. Los dos aviones eran utilizados, casi con exclusividad, por la política”, afirmó Adorni. No se mencionó a la ex vicepresidenta, a pesar de que era una pasajera habitual aunque no exclusiva. El Estado abonaba a la compañía petrolera para el uso casi mensual que le daba la ex mandataria y el avión era utilizado para otros viajes.

Los dos aviones son un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado con la matrícula LV-KGJ. Este último avión le costó a la compañía unos 20 millones de dólares. La ex vicepresidenta utilizó 59 veces esas dos aeronaves en los últimos años. Esos viaje generaron un gasto de por lo menos USD 843.675, en costos operativos.

En ese sentido, en el 2022, la diputada de Juntos por el Cambio Mónica Frade efectuó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por los vuelos de Cristina y la acusó de “usurpación de facultades inherentes al Presidente”. Esa denuncia señaló los 21 vuelos realizados durante 2021, con distintos aviones de la flota presidencial.

Uno de los puntos que destacabá la presentación es que gran parte de estos vuelos “se vieron motivados en razones personales, solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la Vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo”.

La documentación aportada en la causa judicial se enfocó en los fondos destinados a YPF, empresa de la que el Estado tiene el 51% de las acciones y estaba presidida por el santacruceño y ex vicegobernador provincial, Pablo González: “Hay un desmedro de los fondos públicos en la utilización de aviones de YPF para viajes con motivos personales de la vicepresidenta de la Nación, considerando que sólo el 51% de las acciones de la empresa pertenecen al Estado y se provocó una erogación que debió ser haber hecho con su propio erario”. A pesar de ello, en septiembre de este año, el juez Marcelo Martínez De Giorgi tomó la decisión de archivarla.

Por otro lado, el Gobierno resuelve el manejo de la flota de aviones oficial. El ARG 01, la aeronave principal de la flota, viajó a fines de noviembre a Estados Unidos para una inspección técnica  pero aún no regresó. En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya habría autorizado un pago para que el avión puedo volver.

El ARG 01 está en un taller de Salina (Kansas) para una inspección de los tanques de combustible: “Se venció el plazo, ya se le había otorgado una extensión, no se podía demorar más sino iba a quedar parado. Lamentablemente coincidió con la fecha de la jura del presidente”, detalló un funcionario de la gestión previa.

En el caso del ARG 01 deberá efectuar una inspección mayor, que demandará como mínimo dos meses de trabajo. Asimismo, se reveló que la gestión previa impulsó una contratación millonaria para esos trabajos. El abogado Pablo Nocetti realizó una denuncia penal y solicitó que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

En ese sentido, la contratación es para modificar el sistema de internet y para llevar a cabo un inspección general del nuevo avión presidencial, valuada en al menos 5 millones de dólares. El presidente Javier Milei tiene otras dos aeronaves en condiciones de ser usadas: el ARG 02 y el ARG 03, que solo permiten hacer vuelos regionales.