La Fundación Apolo acaba de pedir ser querellante en la causa abierta ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 por el legislador de Republicanos Unidos Roberto García Moritán, contra Sergio Massa por las reiteradas violaciones a las normas electorales. 

“Conforme lo establece su estatuto, la Fundación Apolo tiene por objeto ‘…velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas y valores
que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional’”, destaca el nuevo escrito presentado.

Cabe destacar que el Art. 133 bis del Código Electoral hace pasible a los funcionarios que autorizaren o consintieran la publicidad en violación del Art. 64 quater, del mencionado cuerpo normativo, de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos.

Asimismo, las expresiones de política partidaria, tendientes a la captación del sufragio, en el contexto de la publicidad de obras de gobierno, vulnera el art. 2 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que establece “Deberes y pautas de comportamiento ético” para los funcionarios, entre las cuales se encuentra el deber de “Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;...”.

Por todo esto, para APOLO “Está claro que el proselitismo partidario en el contexto de la rendición de cuentas que realizan los funcionarios, respecto de su desempeño al frente de organismos públicos, vulnera la norma antes citada”.

Y agrega que “la vulneración de estas normas es un ataque directo a nuestro orden constitucional y a la credibilidad que los ciudadanos deben exhibir respecto de las instituciones de la República. En definitiva, por su objeto social y por la índole de la presente causa, la Fundación debe ser admitida como querellante en este proceso, por encontrarse la plataforma fáctica de estas actuaciones íntimamente ligada a la defensa y protección de las garantías por las que vela”.