El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó la destitución del juez Walter Bento por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber "deshonrado a la justicia".

Asimismo, la Justicia federal lo investiga por los presunto delitos de coimas, enriquecimiento ilícito y por dirigir una asociación ilícita que cobraba dinero para beneficiar a presos, en la que tiene un pedido de prisión preventiva. En ese sentido, sin los fueros, podría quedar detenido si la Justicia hace el requerimiento.

El fallo del Jury de Enjuiciamiento sostiene: "Quedó acreditado que desde que comenzó a ser investigado realizó diferentes maniobras para el entorpecimiento de la investigación, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades".

El magistrado asumió durante la presidencia de Néstor Kirchner y durante muchos años comandó dos juzgados federales (uno como subrogante) y era el juez con competencia electoral. Además, tenía influencia y trato con políticos de todos los partidos y empresarios.

El crimen de un ex despachante de Aduana e informante policial inició una investigación en la que aparecieron pruebas y testimonios que ubicaban a Bento como líder de una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes. Dicha investigación derivó en el juicio oral que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, donde hay cinco pedidos de prisiones preventivas para el juez por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, Bento fue suspendido en sus funciones pero pudo mantener su libertad debido a sus fueros, que le dan inmunidad. Pero con la destitución, podría ir preso en las próximas horas. El pedido de detención lo debe hacer el tribunal oral que lo juzga en Mendoza, conformado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá.

Asimismo, el abogado de Bento, Marcelo Fragueiro Frías, anticipó que, en caso de una destitución, presentarán un recurso extraordinario a la propia comisión del Jury para evitar que vaya preso: “¿Dónde alojarían a un magistrado que ha procesado a personas dentro de las unidades penitenciarias, ya sean causas comunes o delitos de lesa humanidad?”.

Las acusaciones también tiene imputados a su esposa y dos de sus hijos: asociación Ilícita, cohecho pasivo (15 hechos), prevaricado, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia de una orden judicial (en dos oportunidades) y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Entre las irregularidades, fue investigado en diez expedientes judiciales distintos, donde se lo acusa de meterse en causas en las que debería haberse excusado, vender un departamento antes de que se lo embarguen, negarse a entregar su teléfono, intentar manipular la tarjeta SIM del aparato, borrar mensajes comprometedores, vaciar una caja de seguridad cuando supo que se la iban a allanar, y negarse a entregar su pasaporte y documentos de viajes que hubieran revelado adónde estuvo.

También se lo acusa de manipular, cambiar y falsear datos en declaraciones juradas patrimoniales, de omitir declarar cuentas, fondos y tarjetas de crédito emitidas en el exterior. 

El juicio político contra Bento inició el 25 de septiembre. Los acusadores fueron la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, ambos de Juntos por el Cambio, y el abogado Miguel Piedecasas, quien encabezó los alegatos contra el juez, que declaró durante el proceso. La defensa estuvo a cargo de Mariano Fragueiro Frías, que también representa a Bento en el jucio oral.

El tribunal que tomó esta decisión está conformado por los jueces de cámara Javier Esteban de la Fuente (Presidente) y Javier Leal de Ibarra (Vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán (Unión por la Patria) y José María Torello (PRO), las diputadas Anahí Costa (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO), y el abogado Alfredo Enrique Barrau.

Para lograr la destitución de un magistrado son necesarios al menos cinco votos de los siete miembros y el fallo no es apelable.

Por último, el fallo del Consejo de la Magistratura aclaró que, en el caso del hijo con discapacidad que tiene Bento, y que al perder su cargo su padre y su madre, la esposa del juez cuestionada también y sus hermanos, todos empleados del Poder Judicial, el joven continúe recibiendo a modo de excepción la afiliación a la obra social de empleados judiciales.